Autoridad Nacional de Control investiga a fiscal a cargo de unidad de lavado de activos que ve caso contra Dina Boluarte

Una nueva acción por parte de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público debilita más el desarrollo de las investigaciones iniciadas en contra de la presidenta Dina Boluarte. Se trata del inicio de una investigación preliminar en contra del fiscal Richard Rojas Gómez, quien, coincidentemente, se encuentra a cargo de la unidad de lavado de activos que revisa el caso iniciado en contra de la presidenta por la recepción de aportes ilícitos para Perú Libre durante la campaña electoral del 2021.

El documento, revelado por el medio digital Epicentro TV este martes, detalla que el órgano dirigido por el cuestionado Juan Fernández Jerí, dispuso el inicio de diligencias preliminares en el proceso que se sigue contra Richard Rojas Gómez por haber incurrido en lo que ha sido detallado por la misma Autoridad Nacional de Control, como una “falta grave”.

Según el fiscal a cargo de estas diligencias preliminares contra Rojas Gómez, el investigado a cargo del tercer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos, habría cometido una falta leve por haber “brindado información falsa para justificar su no presencia en la visita de control funcional-permanencia”; la cual fue realizada el 18 de agosto de este año y en la que no se encontró a Rojas Gómez.

En la resolución N° 01-2023-ANC-MP-ODC-Lima, firmada por Marco Antonio Carrasco Campos, fiscal superior y jefe de la Oficina desconcentrada de Control de Lima Centro, se solicita que tanto el fiscal Richard David Rojas Gómez como su homóloga Augusta Marcolina Arcela Infante, consignen “en el plazo de tres (3) días hábiles, sus oficios procedimientales y postales; así como sus direcciones de correo electrónico”.

El proceso contra Richard Rojas

Todo ello, con el objetivo de dar curso a las investigaciones preliminares en su contra en el marco del proceso que se sigue contra Rojas y Arcela. En el marco de estas pesquisas también se dispuso el acceso al récord de quejas y denuncias en contra de ambos fiscaleso implicados. No obstante, el inicio de estas pesquisas podría tener unaintención un tanto más estratégica u hostigadora.

En el primer caso, debido a que en el despacho de Richard Rojas Gómez pesan las investigaciones por lavado de activos iniciadas en contra de la presidenta Dina Boluarte, el líder del partido de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, y otros miembros. Todos ellos, sindicados de recibir aportes ilícitos para el partido del lápiz durante el periodo de campaña electoral en el año 2021.

Sobre Rojas Gomez, se sabía que existía un proceso indagatorio por este caso. El hecho incluso se detalló en un informe revelado por el medio El Comercio el último fin de semana. El hecho también fue advertido por el dominical Cuarto Poder, en el que se detalló que el fiscal a cargo del caso en específico, Angel Astocóndor, también había recibido una serie de renuncias por parte del equipo de personal administrativo ante la falta de atención hacia el despacho presidido por Rojas Gómez por parte de la Fiscalía de la Nación.

La investigación como represalia

Pero estas renuncias, así como el inicio de las investigaciones contra Rojas también encuentran sustento en otro hecho que ha ido tomando relevancia los últimos meses. Y es la solicitud de Richard Rojas Gómez para que se renueve el contrato de servicios de al menos 14 de los 18 trabajadores CAS que asisten al despacho de lavado de activos que lidera.

Según lo detallado en el informe del diario El Comercio, Rojas llevaba más de tres meses, desde el 21 de agosto al 9 de septiembre, solicitando ante la Oficina de Programación, dirigida por Patricia Benavides, que se disponga la renovación de los contratos de 14 prestadores de servicios administrativos, pues hasta la fecha el despacho apenas y contaba con 4 trabajadores administrativos que apoyan a los fiscales en el proceso de ordenamiento documental.

Como respuesta, la oficina de Programación solo ha detallado no contar con el presupuesto suficiente para acceder a dicha solicitud. Mientras que para los viajes de la Fiscal de la Nación a países Europeos, sí se desplega una cantidad de dinero irrisoria por días de más.