Durante el gobierno del encarcelado Pedro Castillo se denunció, en reiteradas ocasiones, que existía una falta de transparencia con los actos públicos. Sin embargo, este problema se estaría repitiendo con la gestión de su sucesora, Dina Boluarte, quien lidera el Poder Ejecutivo desde el 7 de diciembre del 2022.
Un informe de la Contraloría General de la República, al que Infobae Perú accedió, detectó que el Despacho Presidencial no habría registrado el detalle de los servicios que proveedores dieron entre el 1 de enero al 22 de mayo de este año. Esta acción debió haberse realizado hasta el 30 de junio de acuerdo a un cronograma que se cumple desde hace trece años.
La entidad fiscalizadora menciona que el 7 de julio envió un documento a la subsecretaría general de Palacio de Gobierno, a cargo de Antonio Ramos Bernaola desde el 24 de junio, para que le pueda remitir información sobre los servicios de los consultores del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) que ingresaron al sistema de registro para el control de contratos de consultoría en el Estado (SIRICC).
No obstante, desde el Ejecutivo le respondieron cinco días después a la Contraloría. En la réplica al oficio mencionaron que la Oficina de Tecnologías de la Información de Palacio indicó que no había datos de contratos de consultorías para publicar en el SIRICC. “Que en el año fiscal 2023 la entidad, de acuerdo a la búsqueda realizada en el modulo del SIGA no ha realizado contrataciones de consultorías”, fue la respuesta.
A pesar de esta respuesta, en el informe se menciona que el Despacho Presidencial suscribió contratos con 18 consultores FAG, quienes percibieron salarios entre ocho a quince mil soles, en los primeros cinco meses de este 2023. La lista de nombres son las siguientes: Juan Sánchez Galloso, Carmen Giordano Velásquez, Giovanna Díaz Revilla, Sandra Manrique Becerra, Liliana Marchena Reátegui y Franco Dávila Gálvez.
Además se encuentra en la nómina: Joel Bolivia Revolledo, Teresa Velásquez Bracamonte, Rafael Porta De la Cruz, Víctor Ayasta Muro, Walter Iberos Guevara, María Pineda Ramírez, Carla Estela Nalvarte, Bryan Narvaez Carrasco, César Borda Gonzáles, Valeria Morales Becerra, Roxana Mayorga García y Francisco Gavidia Arrascue.
Este documento se remite al Órgano de Control Institucional del Despacho Presidencial a fin de tomar las medidas correspondientes.
Nueva irregularidad
Hay que mencionar que la contratación de los consultores FAG por parte de Palacio ya estaba en la mira de la Contraloría en un informe anterior. En mayo se dio a conocer que la gestión de Boluarte Zegarra había contratado a 16 personas que fueron distribuidas entre las diferentes oficinas del Ejecutivo. La mayoría de estos provenían del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y carecerían de “procedimientos operativos para realizar la verificación de la autenticidad de la documentación presentadas”.
La entidad de control resaltó que la forma de selección de los proveedores ponía en riesgo los recursos del Estado y “conlleva a no detectar oportunamente la ocurrencia de fraude o falsedad en la información y/o en la documentación presentada, la ejecución de las actividades al margen de los términos de referencia, u otros eventos que resten contratación y el uso correcto de los fondos públicos”.
Más gastos
En junio se conoció que la gestión de Boluarte Zegarra había dispuesto de una partida de unos 595 mil 752 soles por concepto de alimentación, según órdenes de bienes y servicios oficiales.
Solo en diciembre abonó 27 mil soles a la empresa Inversiones Jeanbe EIRL, especializada en venta al por mayor de alimentos y bebidas. En enero, 22 mil soles; en febrero, 21 mil soles; y el mes pasado, 26 mil soles.
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