Durante la gestión del encarcelado expresidente Pedro Castillo siempre aparecían denuncias que salpicaban a sus ministros de Estado en presuntos actos de corrupción. A pesar de que el profesor ya no tiene las riendas del Poder Ejecutivo desde el 7 de diciembre del 2022 tras su fallido autogolpe de Estado, aún se conocen algunos casos de irregularidades de su gobierno.
Daniel Barragán Coloma fue titular de la cartera de Defensa desde el 24 de setiembre al 5 de diciembre del 2022. Llegó a este puesto tras reemplazar a Richard Tineo, quien pasó a liderar Transportes y Comunicaciones (MTC) luego de la censura aprobada por el Congreso contra Geiner Alvarado por los malos manejos que tuvo durante su paso por el sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
En el periodo que Barragán estuvo liderando el Mindef, un familiar suyo logró una orden de servicio con el Ministerio de Producción (Produce) a pesar de que el artículo 11 de la Ley de Contrataciones con el Estado se lo impide. Según su declaración jurada de intereses, registró tener un vinculo de parentesco con Fernando Limo Rocca porque es el esposo de su hija Andrea Barragán Ayala.
Esta situación fue detectada por la Contraloría General de la República en un informe de control especifico que realizó desde el 7 de noviembre al 22 de diciembre del año pasado. En el documento se da cuenta que Limo tuvo un contrato el 16 de noviembre con la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria de Produce, por una suma aproximada de S/ 7 000, para “elaborar reportes de instrumentos de gestión ambiental, y de indicadores de sus avances de los proyectos que se encontraban en evaluación”.
Sin embargo, hay un detalle a resaltar. El órgano fiscalizador menciona que Limo no informó en la “ficha/actualización de datos familiares para locadores” que el exministro Barragán era su suegro a pesar de que se le indicó que pusiera a los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad de los mismos. Tan solo colocó los nombres de su esposa, hija, padres y hermano.
La Contraloría menciona que la Oficina de Abastecimiento de Produce no culminó con verificar si el yerno del exministro Barragán tenía algún impedimento en el sistema del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Hay que precisar que Limo venía teniendo órdenes de servicio con Produce desde marzo del 2021, pero la norma es clara.
“Los ministros, en todo proceso de contratación mientras ejerzan el cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta (12) meses después y solo en el ámbito de su sector y que dicho impedimento se extiende al cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de la citada autoridad”, se recalca en el documento de la Contraloría.
A raíz de la irregularidad en el contrato de Limo es que se apuntó una presunta responsabilidad administrativa en dos funcionarios de Produce: Adrián Mejía Morales y Yoel Ataucusi Miranda, director y coordinador de adquisiciones de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración.
Infobae Perú solicitó el descargo del exministro Barragán para conocer si sabía que su yerno contrató con el Estado mientras pertenecía al Ejecutivo. Al cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta.
Renunció en medio de rumores de golpe
El 3 de diciembre del año pasado se recuerda que Barragán sorprendió al país al informar que daba un paso al costado del Gobierno que era liderado por Pedro Castillo.
“A la opinión pública informo que, por motivos estrictamente personales, he presentado mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Defensa. Agradezco al presidente de la República por haberme dado la invalorable oportunidad de servir a mi patria”, informó a través de su cuenta de Twitter.
A raíz de esta sorpresiva dimisión, diversos congresistas y opositores denunciaron que Castillo ejerció presión sobre Barragán para que le pida a las Fuerzas Armadas que apoye un eventual golpe de Estado debido a que el Congreso buscaba someterlo a un tercer proceso de vacancia. Finalmente, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, así como la Policía Nacional del Perú no respaldó el intento de quiebre institucional del hoy encarcelado exmandatario.
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