Pachacámac bajo fuego: empresarios, vecinos y hasta gerenta municipal amenazados por sicarios

Al teléfono de la empresaria Martha Ramírez, como ocurre con Elizabeth Alvites, gerenta de Fiscalización de la Municipalidad de Pachacámac, han llegado reiteradas amenazas de muerte de sicarios. “Si buscas comunicarte con la Policía, no me interesa”, le dicen.

Líneas más abajo, agregan: “Dime si vas a pagar o [hacemos] explotar el negocio con gente dentro”, “Paga la falta y nadie se meterá contigo”. Ocurre en un distrito sitiado por la ola de criminalidad, con las cifras en rojo y al menos 274 policías para más de 250 mil habitantes, según un reportaje difundido este domingo en Cuarto Poder.

El ataque ocurrió por el cobro de cupos que la dueña, Martha Ramírez, se niega a pagar. Era de la madrugada. Desde ese día, a través de su WhatsApp, no ha dejado de recibir mensajes de números de Colombia. Le exigen que responda o, de lo contrario, el ataque será letal. “Con esto [una granada], no quedará nada de su negocio”, dice otro de los textos.

“No es justo. No le voy a dar ni un sol a esos ociosos. Si quieren mi vida, aquí estoy. No les tengo miedo. Soy ayacuchana y no les tengo miedo”, remarcó la emprendedora, antes de señalar que la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) del sector se negó a recoger su denuncia porque no hubo “daños humanos”.

Debido a esta ola de la delincuencia, que suma más de tres mil casos criminales en lo que va del 2023, los vecinos de Pachacámac realizaron una manifestación para pedir al Gobierno la declaratoria del Estado de Emergencia, como ya lo ha hecho en nueve distritos del país, dos de ellos de la capital.

“He llegado a sacar a mis hijos de Lima para mandarlos a otro sitio porque tengo miedo que vayan contra ellos, [ya que] son niños, no van a entender”, dijo la funcionaria al dominical. Mientras el alcalde Enrique Cabrera anunciaba una reunión con el premier Alberto Otárola, los residentes hallaron un cuerpo atado de manos en las orillas del río Lurín. De igual modo, una olla común fue asaltada.

El presupuesto local no alcanza para los sistemas de vigilancia. “Pachacámac tiene 160 kilómetros cuadrados, más de un cuarto millón de habitantes y tenemos solo 58 cámaras. Lamentablemente, el rubro de seguridad ciudadana, que es el rubro que pagan los vecinos, hay una morosidad del 80%”, refirió José Luis Espichán, gerente de la comuna.

En medio del desborde delictivo, el Congreso aprobó esta semana un proyecto de ley que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para eximir a la ciudadanía de responsabilidad penal en caso del uso de la fuerza, incluso letal, en una situación de legítima defensa y ante un peligro inminente.

La iniciativa, en rigor, incorpora un literal referido a casos de “situación de peligro inminente y necesidad de proteger la vida o la integridad propia o de terceros” y establece que “no procede la prisión preventiva en los casos de inminente aplicación de la legítima defensa propia o de tercero conforme a ley; salvo la presencia de antecedentes o pruebas fehacientes que justifiquen la existencia del delito o que recaiga sobre la persona sentenciada firme condenatoria”.