El Congreso de la República ha despertado una nueva controversia. La Comisión de Descentralización aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de ley 4952/2022-CR que pretende regular las causales de clausura municipal de establecimientos comerciales. La medida surge como respuesta a las quejas del presunto problema que enfrentan los empresarios al tener que lidiar con los ‘abusos’ de las municipalidades que les generan altos costos.
La Comisión presidida por el legislador Alejandro Cavero, de Avanza País, ha aprobado por mayoría el dictamen que tiene como objetivo fortalecer las libertades de empresa y comercio, tal como se reconocen en el artículo 59 de la Constitución del Perú.
El parlametnario destacó que esta iniciativa busca limitar el discrecional accionar de las autoridades administrativas en el proceso de clausura de diversos establecimientos comerciales. Aclaró que, bajo esta propuesta, las autoridades podrán clausurar establecimientos solamente en situaciones que justifiquen dicha acción, es decir, cuando exista un grave peligro para la vida, salud o seguridad de las personas.
“Con este dictamen hemos dado un paso adelante para garantizar la predictibilidad, la proporcionalidad y la razonabilidad en la tarea de fiscalización de los gobiernos locales a los micro y pequeños empresarios. Necesitamos construir un Estado que sea amigable con la libre empresa, y quienes crean prosperidad y trabajo en nuestro país. Hemos buscado garantizar el orden y la autoridad, pero al mismo tiempo poner siempre al ciudadano como prioridad”, indicó el legislador.
Polémica por aprobación
Las municipalidades tienen autorización para clausurar locales si consideran que están cometiendo una infracción. Sin embargo, los empresarios aseguran que esto muchas veces se traduce en un ‘abuso’ y, en lugar de beneficiarlos, los perjudica. Por este motivo, se encuentran en contra de que continúen estas clausuras supuestamente injustificadas.
En comunicación con el diario El Comercio, el representante de la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes, José Luis Silva Martinot, señaló que esta iniciativa no atenta contra los derechos de las municipalidades, pero sí las obliga a actuar responsablemente con los criterios que usan para tomar clausurar locales.
De acuerdo a sus declaraciones, los empresarios de los restaurantes muchas veces no llegan a conocer exactamente los factores que influyeron para que sus establecimientos sean clausurados por las autoridades. El vocero enfatizó que estos emprendedores son quienes resultan más perjudicados porque pierden miles de soles en multas luego de los cierres de sus locales.
La Municipalidad de Miraflores se pronunció anteriormente acerca de esta situación y rechazó su aprobación. “La sustentación del proyecto realizada por el congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, muestra no solo desconocimiento sobre el tema, sino evidencia una postura a favor de la informalidad, la discriminación, la impunidad y el libertinaje en materia comercial”, indicó mediante un comunicado.
De acuerdo a la entidad, esta iniciativa evidencia cómo el Parlamento está interfiriendo en las funciones de los gobiernos locales. “El proyecto aprobado es una clara intromisión a las facultades que tiene la municipalidad de Miraflores de liderar y realizar acciones preventivas en los diferentes locales comerciales que funcionan en el distrito, con el fin de impulsar actividades económicas responsables y que salvaguarden la integridad de clientes, trabajadores y de los propios vecinos miraflorinos”, destacó.
“Nos preocupa que existan grupos de poder y de interés económico que, lejos de alentar el desarrollo de un empresariado nacional responsable, prudente y respetuoso de las leyes, busquen impulsar un proyecto que no hace más que priorizar el mercantilismo, en desmedro de las tareas que como municipio se impulsan para preservar la vida humana y las que responden al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, agregó.
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