Este miércoles 20 de septiembre, en el marco de la Semana Climática de Nueva York y la 78ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ministra del Ambiente, Albina Ruiz, habló sobre los avances del Gobierno en torno a las acciones para enfrentar los efectos del cambio climático.
Como parte de dichas medidas, anunció que el Ejecutivo ha logrado concretar incentivos o transferencia de recursos para asegurar la conservación de 3 millones de hectáreas de bosque en 260 comunidades nativas. “El rol de nuestras comunidades en la conservación y gestión de los bosques es un pilar para la acción climática en el Perú”, destacó.
La buena noticia se comunicó durante una reunión organizada por la asociación voluntaria internacional The Forest & Climate Leaders’ Partnership (FCLP), cuyo objetivo es mejorar la articulación entre los gobiernos, las empresas y los líderes comunitarios en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, donde la titular del Ambiente destacó las acciones ejecutadas por su cartera ministerial a favor de los pueblos amazónicos.
Sin embargo, lo cierto es que dicho compromiso no se estaría viendo reflejado. Pues, el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) ha revelado que en Loreto se registran cerca de 11 ríos con presencia de dragas y embarcaciones manejadas por grupos ilegales dedicados a la extracción ilegal. Estos son Cotuhe, Curaray, Marañón, Mazán, Nanay, Napo, Patayacu, Pintuyacu, Putumayo, Tigre, Yaguas.
En el río Nanay, principal abastecedor de alimentos y fuente de agua potable para la ciudad de Iquitos, se reportan hasta 210 dragas utilizadas para realizar la actividad ilícita que conlleva directamente a la deforestación de bosques primarios. Además, solo entre los años 2021 y 2023 se han reportado hasta 122 casos. También, solo en Madre de Dios, entre 2021 y 2022, se ha perdido un total de 18 mil 421 hectáreas debido a la minería ilegal.
Pueblos indígenas en riesgo permanente
En medio de esta realidad, los pueblos indígenas continúan siendo los más vulnerables. La minería ilegal en esta zona de la Amazonía norte peruana ha impactado en total a 31 comunidades nativas, además de tres áreas naturales protegidas, entre ellas el Parque Nacional de Yaguas, la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana y el Área de Conservación Regional Alto Nanay Pintuyacu Chambira.
En ese sentido, cabe indicar que, las comunidades nativas dependen de los recursos hidrobiológicos para su subsistencia, así como los bosques. Por ende, la deforestación y degradación de estos ecosistemas amenaza directamente los territorios indígenas y, al mismo tiempo, vulnera sus derechos.
La actividad ilegal detectada por MAAP se logró realizar por medio del uso de 85 imágenes satelitales de alta resolución. A través de este registro se ha determinado que las organizaciones de mineros ilegales han dejado de operar en grupos de 5 a 6 embarcaciones.
En la actualidad, estos operarían de manera individual, lo que conlleva un desafío logístico más complejo para las autoridades en busca de combatir la actividad ilegal, específicamente la minería aurífera ilegal, aquella que afecta al medio ambiente por extraer el oro de los ríos.
En esa línea, cabe recordar que, la ley prohíbe realizar esta actividad en los ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales, así como el uso de dragas.
Por otro lado, la titular del Ambiente resaltó que el Ejecutivo está comprometido con la reducción de la contaminación por plástico. Además, recordó que las comunidades indígenas tienen a su disposición la Plataforma de Pueblos Indígenas para Enfrentar el Cambio Climático (PPICC).
Una herramienta de gobernanza exclusiva que les permite gestionar, articular, difundir y hacer seguimiento a sus propuestas autónomas de adaptación y mitigación para hacer frente al aumento de temperaturas. Esto tomando en cuenta sus conocimientos, prácticas y saberes tradicionales y ancestrales.
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