Dina Boluarte acusó al Congreso, de querer destituirla de manera ilegal, ante la CIDH en el 2022

Antes de que la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República mantengan por ahora una buena relación sin fricción alguna debido a que ambos desean quedarse hasta julio del 2026, tal escenario no era así el año pasado.

Un reportaje del semanario Hildebrandt en sus Trece dio cuenta que Boluarte Zegarra tuvo duros cuestionamientos contra la representación nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que buscaban inhabilitarla a raíz de un informe de la Contraloría General de la República que se conoció en mayo del 2022.

Como se recuerda, el órgano fiscalizador detalló que la entonces vicepresidenta había omitido en su declaración jurada, al ingresar como ministra de Desarrollo e Inclusión Social del gobierno de Pedro Castillo, que era presidenta del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac.

“La fiscalizada (Boluarte) durante el periodo del ejercicio del cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social intervino en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo”, se lee en el documento.

Debido a esto, la Contraloría determinó que Boluarte Zegarra había infringido el artículo 126 de la Constitución que señala lo siguiente: “Los ministros de Estado no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. No pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

Por esa razón, la congresista Norma Yarrow (Avanza País) presentó una denuncia contra la jefa de Estado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con el fin de que sea inhabilitada 10 años de la función pública. Esto provocó que Boluarte, con la asesoría legal de su ahora premier Alberto Otárola, acuda a la CIDH para cuestionar al Congreso.

“Sin mayores argumentos de orden jurídico o constitucional, adelantan opinión. Y, además, solicitan a la Presidenta del Congreso que priorice el debate respecto de esta denuncia”, se lee en parte del escrito enviado por Boluarte al sistema interamericano.

Además, la jefa de Estado agregó que “el Congreso de la República es un órgano del Estado que tiene facultades para iniciar cualquier investigación e impulsar las denuncias constitucionales”, pero enfatizó que “esta facultad tiene límites que están precisados en la propia Constitución. No puede afectar, entre otros derechos fundamentales, uno que es esencial para todo procedimiento de investigación: el derecho a la defensa”.

Incluso, Boluarte informó a la CIDH sobre la fecha en la que planeaban aprobar la denuncia constitucional en su contra. Según ella, el 8 de julio del 2022 se iba a concretar la inhabilitación y posterior salida del Ejecutivo.

Además, la mandataria atacó a la congresista Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País, quien ahora presentó una moción para iniciar una investigación sumaria contra los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el Parlamento. “Es conocida en el Perú como una de las principales promotoras de la vacancia del presidente [Pedro Castillo]”, dijo Boluarte.

Al final, la acusación constitucional contra Boluarte no prosperó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales porque fue archivado el 5 de diciembre del 2022. Dos días después, ella asumió el Gobierno tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo.