La Procuraduría General del Estado solicitó este viernes el inicio de diligencias preliminares contra el titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, a raíz de su recomendación al Poder Judicial de evaluar el impedimento de salida del país contra la ex primera dama Nadine Heredia, investigada por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht por el caso Gasoducto del Sur.
El órgano acusó a Gutiérrez de presunto patrocinio ilegal, que ocurre cuando un funcionario público promueve o asesora intereses de particulares ante la administración pública y tiene una pena mínima tres años y una máxima de seis. El despacho del defensor todavía no ha replicado a la denuncia.
La Segunda Sala consideró que esa medida no es proporcional porque la esposa del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) ya cumple reglas de conducta debido al proceso abierto por los supuestos aportes de tres millones de dólares de Odebrecht a las campañas de 2006 y 2011.
La resolución detalló que la Defensoría cursó un escrito para pedir evaluar el caso “teniendo en cuenta el derecho a la salud” de la ex primera dama, pero el juzgado recordó a la institución que el artículo 139.2 de la Constitución y un fallo del Tribunal Constitucional establecen “que ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de sus funciones a un órgano jurisdiccional”.
“Si bien la Defensoría tiene, dentro de sus prerrogativas, el deber de velar por los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, cabe precisar que tales facultades no le permiten sugerir a los órganos jurisdiccionales, interpretaciones de las normas que componen nuestro ordenamiento jurídico, pues tratándose de procesos judiciales, esta es una tarea exclusiva de la función jurisdiccional”, se lee en el documento.
“Si me pregunta por el señor Cerrón y la señora Nadine, yo tengo absoluta consideración por ambos. A ella no la veo hace años. Yo considero la amistad perpetua para todos”, dijo en mayo pasado durante una entrevista con Willax.
Heredia afronta un pedido fiscal de 26 años de cárcel, seis más de los solicitados para su cónyuge por lavado de activos. El caso de la ex primera dama responde a su supuesta participación en la concesión del Gasoducto del Sur a un consorcio liderado por Odebrecht, protagonista del caso más representativos de corrupción en América Latina.
El proyecto fue adjudicado por más de 7.000 millones de dólares en junio de 2014, en una licitación que originó una investigación por la presunta comisión de delitos de colusión y negociación incompatible por parte de Heredia.
El argumento para la prohibición a declarar ante el Ministerio Público es la invalidación de pruebas vinculadas a los servidores encriptados MyWebDay y Drousys con la contabilidad y comunicaciones internas de la empresa.
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