El ministro del Interior, Vicente Romero, diferenció este martes el plan que implementará la administración de Dina Boluarte frente al programa aplicado por el líder salvadoreño, Nayib Bukele, para enfrentar la delincuencia en el país centroamericano. Romero mencionó que, mientras el proyecto de El Salvador “es un combate exclusivo contra la criminalidad”, el de la mandataria “estará enfocado en la prevención social”.
“El ‘plan Boluarte’ tiene más que ver con el tema preventivo social, obviamente, con un combate agresivo a la criminalidad. El ‘plan Bukele’ es netamente combate a la criminalidad, más no una prevención social. Acá pensamos en los más vulnerables”, dijo en una rueda de prensa.
“Los bolsones de violencia los tenemos identificados a través del plan Barrio Seguro. Tenemos un plan de seguridad ciudadana al 2030 con dos grandes estrategias, Barrio Seguro y Vecindario Seguro. Los ciudadanos deben entender que estamos trabajando por la seguridad de todos. Es comprensible, la violencia ha subido, hay más armas, pero estamos trabajando las 24 horas. Vamos a dar seguridad, poco a poco”, continuó.
Otárola precisó inicialmente que el ‘plan Boluarte’ comprende extremos de prevención, lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico, y fortalecimiento de la Policía Nacional (PNP) “como institución que dirige la política de seguridad”. Además, mencionó que, del medio centenar de normas planteadas por el Ejecutivo al Parlamento, 33 están enfocadas en seguridad ciudadana.
“[Lo] está liderando el Ministerio del Interior (Mininter). Los sectores involucrados son el Ministerio de Economía (MEF) por el lado del financiamiento; el Ministerio de Cultura, por su rol preventivo como Barrio Seguro, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Mujer, protegiendo a poblaciones vulnerables”, explicó.
Contreras remarcó que la gran ventaja respecto al método del líder salvadoreño es que “va a las distintas etapas” frente a la escalada de violencia que se debe contener. “Hay que evitar que en el país se formen nuevos delincuentes. Eso implica presupuesto y trabajar en mejorar la educación”, dijo.
La semana pasada, el presidente del Poder Judicial y la Corte Suprema, Javier Arévalo, planteó la posibilidad que el Perú se inspire en El Salvador para enfrentar el crimen organizado.
En el contexto del régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 como una estrategia del Gobierno salvadoreño para combatir a las pandillas, se han militarizado dos municipios —en el centro y norte del país— y tres comunidades.
Durante la medida, que suspende algunas garantías constitucionales y que ha sido catalogada de violar derechos humanos, han sido capturadas más de 71.000 personas señaladas de ser pandilleros, así como otras 13.000, según Socorro Jurídico Humanitario (SJH). Las organizaciones humanitarias, en tanto, dan cuenta de más de 5.400 “víctimas directas” de atropellos.
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