Pedro Castillo pide comunicarse con sus familiares en un locutorio que se instalaría en penal de Barbadillo

Con el fin de comunicarse con sus seres queridos, el expresidente de la República Pedro Castillo solicitó al Poder Judicial que ordene al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la instalación de un locutorio telefónico en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate.

Castillo Terrones, quien cumple 18 meses de prisión preventiva por intentar cerrar el Congreso de la República el 7 de diciembre de 2022, quiere entablar conversaciones no solo con sus parientes que viven en el Perú, sino también con los que se encuentran en el extranjero.

Tres familiares están en el extranjero. Se trata de Lilia Paredes y sus dos hijos: Alondra y Arnold Castillo. Ellos disfrutan asilo político en México desde el 21 de diciembre de 2022, debido a que la ex primera dama obtuvo un salvoconducto que le permitió asilarse en dicho país al considerarse a sí misma como “perseguida política”.

El pedido del Castillo Terrones fue planteado a través de una demanda de habeas corpus, que fue presentada por el abogado Walter Ayala. En ella se alega que se está vulnerando el derecho del expresidente a no estar incomunicado. Asimismo, se estaría atentando el derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente “de razonabilidad y proporcionalidad”.

De llegar a buen puerto el recurso presentado por la defensa legal, el ex jefe de Estado podrá entablar diálogos con los integrantes de su familia, quienes se encuentran en territorio nacional y el extranjero.

Cabe precisar que el juez constitucional Jorge Luis Ramirez Niño de Guzmán admitió a trámite la demanda, la cual fue presentada por el otrora ministro de Defensa. En ese sentido, el magistrado requirió al presidente del INPE, Javier LLaque Moya, que informe si existe algún pedido del exmandatario para que se instale un locutorio en el penal de Barbadillo. Asimismo, dispuso que se oficie al establecimiento penitenciario para que informe lo relacionado a la demanda.

En julio de este año, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria rechazó la tutela de derechos que la defensa del expresidente presentó para anular la investigación que se le sigue por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

En ese mismo mes se conoció que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas las solicitudes de la Procuraduría General del Estado (PGE) para que disponga con el embargo de las propiedades que le corresponden al expresidente Castillo y a su exprimer ministro Aníbal Torres, quien también está en calidad de investigado en el caso del fallido autogolpe de Estado del año pasado.

En el caso de Castillo se dispuso intervenir cuatro propiedades, tres de las cuales se encuentran ubicadas en Anguía, Chota, el pueblo natal del exmandatario y una en el pueblo de Tacabamba, que pertenecería a sus padres y donde hace un tiempo se reportó la construcción un helipuerto privado.

La exjefa de Gabinete, Betssy Chávez, y la actual mandataria, Dina Boluarte, mantuvieron una tensa relación durante la administración de Pedro Castillo, según refirió el exministro Alejandro Salas (Trabajo y Promoción del Empleo) en un informe que publicó Hildebrandt en sus trece.