Pedro Castillo dio el golpe de Estado porque “estaba amenazado de muerte”, según su abogado

Pedro Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo por haber ejecutado un autogolpe de Estado, el 7 de diciembre del 2022, a pocas horas de que el Congreso de la República lo someta a un tercer proceso de vacancia por presuntos actos de corrupción en su gobierno.

Inicialmente, se dijo que Castillo Terrones estuvo bajo los efectos de una droga al momento de leer su mensaje a la Nación que fue transmitido a nivel nacional. Sin embargo, ahora se ha deslizado una nueva tesis para justificar haber querido quebrar el orden constitucional.

Eduardo Pachas, uno de los abogados del expresidente, señaló que su patrocinado se vio obligado a dar su discurso porque estaba “amenazado de muerte”.

“Ese día, por escrito y en persona, el presidente Castillo ha detallado punto por punto, en más de 60 páginas, lo que pasó el 7 de diciembre. Dijo que se vio obligado a leer el discurso, fue arrinconado, emboscado y con amenazas de muerte hacia su persona”, apuntó en conferencia de prensa.

El letrado agregó que si Castillo Terrones no cerraba el Parlamento, pues lo que iba a pasar es que “si no se le suspendía o se le vacaba, se le iba a matar y luego a su familia se le iba a detener”.

Adicionalmente, acusó sin pruebas a las Fuerzas Armadas de haberse coludido con los congresistas para facilitar la destitución del exmandatario y así darse la sucesión constitucional con la entonces vicepresidenta Dina Boluarte.

“Lo que ha hecho el presidente Castillo es luchar contra un sistema”, alegó Pachas.

Por otro lado, Walter Ayala, exministro de Defensa y otro de los representantes legales de Castillo, también refirió que la representación nacional no alcanzó los 104 votos necesarios para concretar la salida del profesor rural del Ejecutivo.

A juicio de Ayala, la presidencia de Boluarte Zegarra es inconstitucional porque accedió de manera irregular.

Aparte de Pachas y Ayala también estuvieron Wilfredo Robles y los exministros Iber Maraví (Trabajo) y Nicolás Bustamante (Transportes y Comunicaciones), así como Guillermo Olivera. Ellos también forman parte del equipo legal de Castillo para tratar de salir de la cárcel.

Ayer, los letrados explicaron por qué el Poder Judicial debería aceptar la acción de amparo que presentaron el pasado 22 de enero para anular la resolución del Congreso de la República que declaró la vacancia por incapacidad moral permanente de Castillo Terrones.

La revisión de esta solicitud está en manos de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que celebrará una audiencia el próximo viernes 23 de junio.

Sin embargo, la situación del expresidente Castillo se agrava más tras la revelación que había un decreto supremo firmado de su puño y letra que disponía la disolución inconstitucional del Parlamento.

Según el programa Contracorriente, el Ministerio Público halló al interior del despacho de la subsecretaría presidencial el documento con la rúbrica del profesor rural que, además, planteaba la convocatoria a elecciones para tener nuevos integrantes dentro de este poder del Estado.

“(Se) Decreta: Artículo 1. Disolución extraordinaria del Congreso de la República. Disuélvase el Congreso de la República por vulnerar los artículos 113 inciso 2, 45 y 46 de la Constitución”, se lee en el documento presentado por el espacio de Willax Televisión.

“Artículo 2. Convocatoria a elecciones. Convóquese a elecciones para un nuevo Congreso para el día domingo 4 de junio de 2023, para que complete el periodo constitucional del Congreso disuelto”, se agrega.

La prueba fue encontrada la noche del fallido autogolpe de Castillo por los fiscales Jesús Camacho Laura y Marco Carvajal Valencia, quienes allanaron Palacio de Gobierno, la residencia presidencial y la Oficina de Apoyo al Cónyuge para tener más elementos que sirvieran en la investigación que se le había abierto al exmandatario por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado.