El gobernante de Estados Unidos, Joe Biden, envió este martes una carta de respaldo a su homóloga Dina Boluarte, de quien se declaró aliado en el fortalecimiento de “la seguridad y la prosperidad en los Andes y el mundo”, y en la promoción de “valores democráticos, incluidos los derechos humanos”.
“Estamos construyendo un crecimiento económico integrador para forjar un futuro de mayores oportunidades e igualdad para nuestros pueblos. Trabajamos codo con codo para hacer frente a los retos regionales y mundiales, como la migración irregular, la corrupción y el cambio climático. Y espero con interés continuar nuestra colaboración en el marco de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica y la Cooperación Económica Asia-Pacífico, que Perú acogerá en 2024″, se lee en la misiva, difundida por la Cancillería peruana.
El grupo de congresistas remitió su texto al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y a la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, previo al mensaje a la Nación, donde Boluarte pidió perdón por los fallecidos, anunció que su Gobierno seguirá las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y propuso un pacto social de reconciliación y paz.
“En el próximo año, seguiremos profundizando aún más la asociación entre nuestras naciones y la amistad entre nuestros pueblos. Porque cuando Perú y EE.UU. permanecen unidos, nuestras naciones no solo son más fuertes, sino que el mundo es más seguro”, continuó el documento del mandatario.
La mandataria enfrenta una investigación preliminar por cargos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. El proceso, abierto en enero pasado, implica a cuatro ministros y dos exministros, y ha empujado a la Fiscalía a solicitar que se desclasifique información de la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas.
Para los legisladores demócratas, Estados Unidos “tiene la responsabilidad” de trabajar con las autoridades peruanas y su sociedad civil para garantizar que los responsables de estas muertes y otras violaciones de derechos rindan cuentas ante la Justicia. De lo contrario, solo “empeorará la inseguridad en la región, alentará a los actores no democráticos y aumentará la migración irregular”.
Asimismo, solicitaron a Blinken que apoye la creación de un mecanismo de seguimiento, tal y como ha recomendado la CIDH, para esclarecer lo sucedido durante las protestas.
El delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.
Elegida como parte de la fórmula que encabezaba el encarcelado expresidente Pedro Castillo, no cuenta con vicepresidentes a quienes dejar a cargo del país. Por ello, promovió una reforma legislativa que le permite gobernar de manera remota, pero hasta el momento no había utilizado esa prerrogativa.
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