Ministro de Justicia invocó al Congreso a que tome en cuenta las observaciones sobre la ley que limita la colaboración eficaz

Daniel Maurate señaló que ocho meses no es el plazo adecuado para que la Fiscalía desentrañe el crimen organizado. Además, enfatizó que se debe resguardar las identidades de los aspirantes a colaboradores eficaces.

Ministro de Justicia, Daniel Maurate.
Ministro de Justicia, Daniel Maurate.
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, exhortó este sábado al Congreso de la República a que atienda las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo respecto a la ley que limitaba y condicionaba la figura de la colaboración eficaz, que es muy usada por la Fiscalía para desentrañar el crimen organizado y los graves actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.

“Invocamos al Congreso a salvar esta importante herramienta que, como hemos visto, tiene una gran importancia pues nos ha servido para descubrir grandes organizaciones criminales que el Poder Judicial ha podido sancionar gracias al uso de esta herramienta que tiene el Ministerio Público”, indicó.

En otro momento, Maurate enfatizó que no debería reducirse los 36 meses que el Ministerio Publico dispone para el desarrollo de las investigaciones tal como se observa en el Código Procesal Penal.

“Ocho meses es un plazo no adecuado y rompería esta herramienta importante que tiene la Fiscalía para detectar a los autores del crimen organizado. En eso hemos coincidido con el Ministerio Público, con la Procuraduría General del Estado y con diferentes especialistas. Con los plazos como están en la norma, se estaba perpetrando una afectación grave a esta herramienta y con lo cual se podrían quedar en riesgo muchas investigaciones sobre el crimen organizado”, refirió.

Fuente: Latina
Fuente: Latina

“Si nosotros recortamos el plazo al mínimo, lo que va a pasar es que esta herramienta no va a tener sentido y no va a funcionar, y eso pone en riesgo la seguridad jurídica y en zozobra a la población”, agregó.

Finalmente, el titular del MinJus añadió que se requiere resguardar las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz y no existir cualquier registro de su identidad en medios audiovisuales que pongan su integridad en peligro.

“Se está trabajando duro para que herramientas como esta [la colaboración eficaz] funcionen eficazmente y la comunidad tenga la seguridad de que las organizaciones criminales van a caer y serán sancionadas”, finalizó Maurate.

Severas críticas

Hay que mencionar que tras aprobarse la ley que debilita la colaboración eficaz, surgieron varios pronunciamientos.

Presidenta del Congreso considera que plazos no coinciden.

José Williams, titular del Congreso, señaló que la propuesta debe ser observada y regresar a la representación nacional para que sea mejor estudiada.

“Esa ley debe volver al Congreso y debatirse algo más. ¿Por qué? Porque ha ocasionado opiniones diversas. Hay algunos que piensan que el plazo debe estar enmarcado dentro de los 36 meses, que es lo que dura la fase de la investigación preparatoria (en casos de organizaciones criminales) y otros consideran que pueden 8 meses llevado a 16 meses para casos del que nos referimos que es como cuando hay organización criminal”, anotó.

De otro lado, la Procuradoría General del Estado solicitó que evalúe observar el proyecto de ley “al poner en riesgo la eficacia y éxito de la colaboración eficaz, y por ende, la defensa jurídica de los intereses del Estado”.

“El Ministerio Público, respetando la separación de poderes y en la búsqueda de que las reformas normativas sirvan para fortalecer la persecución estratégica del delito con respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, plantea la necesidad de un mayor análisis y debate del proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República denominado “Ley que modifica los artículos 473, 476-A y 481-A del Nuevo Código Procesal penal, a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz””, reza el pronunciamiento emitido.

La invocación llegó tras una reunión liderada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, junto al fiscal Rafael Vela Barba, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos, perdida de dominio y del caso Lava Jato; Marita Barreto, fiscal superior y coordinadora del Equipo Especial contra la corrupción del Poder, Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de la Fiscalías contra el Crimen Organizado, entre otros.

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