La titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, acudió este viernes al despacho de la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte para conversar con María del Socorro Abad Tandazo, la magistrada que dejó en libertad a dos cómplices de ‘Maldito Cris’ apenas 48 horas después de ser capturados.
Benavides permaneció dentro de la sede cerca de 40 minutos, pese a que la oficina informó previamente que la magistrada y demás funcionarios estaban de asueto por feriado, según Latina. La fiscal de la Nación se retiró sin declarar a la prensa. Hasta el lugar también llegaron efectivos de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) de la Policía Nacional (PNP).
Benavides dispuso “acciones correctivas” en un proceso donde hubo “diligencias necesarias para la investigación” debido, según la misiva, a que la Policía remitió su informe de manera tardía. “[Por eso], la fiscal provincial dispuso la puesta en libertad de los detenidos”, confirmó la institución.
De momento, María del Socorro Abad será investigada por la Autoridad Nacional de Control, que tiene a su cargo el control funcional de los fiscales. La Policía mantiene la hipótesis de que Vargas García y Marcano Andrade son miembros de ‘El Tren de Aragua’, la banda criminal originada en el estado venezolano de Aragua, que en los últimos años ha extendido sus operaciones delictivas a Colombia, Perú, Brasil, Chile y Bolivia.
Son señalados, además, como parte del círculo más cercano de ‘Maldito Cris’, de modo que su recaptura podría conducir a la ubicación de Wanda del Valle Bermúdez Viera, expareja del abatido y el brazo logístico de una banda criminal dedicada a la extorsión y al tráfico sexual, según la PNP.
Su puesta en libertad causó la “indignación” del comandante Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), quien remitió un oficio a la fiscal general, al igual que la Comisión de Seguridad del Congreso.
El abatido era considerado como el responsable de la muerte de un sereno de Surco, un “agente de seguridad del Estado” y otras tres personas; sin embargo, el crimen del agente local causó mayor impacto en Lima y contribuyó a abrir un debate acerca de la posibilidad de que estos agentes sean autorizados a usar armas “no letales”.
Los restos del sicario permanecieron en la Morgue de Lima durante una semana, hasta que el último viernes su madre, Keyes González Astudillo, logró completar los trámites correspondientes para efectuar la cremación, en medio de la postura policial de que el cuerpo fuera destinado a una fosa común o donado a la ciencia.
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“Jamás vamos a permitir que le hagan un velatorio ni ningún tipo de culto. Tenemos claro cómo debe enfrentarse a las organizaciones criminales”, señaló el comandante general de la Policía Nacional (PNP), Jorge Angulo, cuando nadie se acercaba a reconocer el cadáver.
En la víspera, el coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Homicidios, solicitó una pericia de ADN para establecer la filiación con el abatido. Las diligencias fueron cumplidas la semana pasada, con lo cual quedó expedita la evacuación e incineración del cuerpo.
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