La presidenta de la República llegó esta mañana a la sede de la Fiscalía para responder por las muertes ocurridas durante las protestas que se llevaron a cabo desde que llegó al poder. A pesar de que la defensa legal de Dina Boluarte señaló que esta no apelaría al silencio, finalmente optó por no responder a las preguntas de los abogados de las víctimas apelando a una supuesta falta de objetividad en la investigación fiscal.
Una nota del portal Epicentro señala que el abogado de de Dina Boluarte solicitó que se tenga en cuenta que la Corte Suprema no ha resulto hasta el momento la apelación del fiscal supremo adjunto Marco Huamán. En marzo pasado este se mostró en contra de la decisión del juez Juan Carlos Checkley de autorizar un interrogatorio a la jefa de Estado por parte de los abogados de las víctimas.
La presidenta Boluarte apeló al silencio ante la insistencia de los abogados y optó por hacer lo mismo durante el resto de la audiencia. Anteriormente, las autoridades habían formulado 22 preguntas a la mandataria que fueron respondidas manera muy general, según el citado medio. “Incluso algunas de las preguntas generales fueron evadidas por la presidenta”, manifestó la fuente de Epicentro.
En la audiencia estuvieron presentes la fiscal de la Nación Patricia Benavides y el fiscal adjunto supremo provisional Marco Huamán. Cabe recordar que tanto la presidenta Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, han sido involucrados en la investigación por presunto genocidio calificado y lesiones graves por las muertes ocurridas desde diciembre del 2022 a febrero del 2023.
Crimen de crímenes
Luego de confirmarse la muerte de 18 ciudadanos en Juliaca durante las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte, la Fiscalía puso en marcha un proceso de investigación por genocidio, delito calificado como “el crimen de crímenes” por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (1998). Su origen, según el historiador Yehuda Bauer, data desde los días de la Segunda Guerra Mundial.
El artículo 319 del actual Código Penal señala que “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que, con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, social o religioso, realiza cualquiera de los actos como matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental a los miembros del grupo, transferencia forzada de niños a otro grupo, entre otros.
En el caso de Dina Boluarte, la investigación preliminar es por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, señaló el Ministerio Público. Cabe recordar que hasta el momento se han registrado 60 víctimas de las protestas.
Informes de entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional se habrían cometido atentados contra los derechos humanos y masacres en algunas ciudades del país como Juliaca y Ayacucho. Desde el Poder Ejecutivo se ha intentado negar que las fuerzas del orden o miembros del Poder Ejecutivo hayan estado involucrados en algunos de estos crímenes.
Las protestas en contra de Boluarte se caracterizaron por pedir su renuncia, la salida del premier, la disolución del Congreso, la convocatoria a nuevas elecciones generales y una Asamblea Constituyente encargada de escribir lo que sería la nueva Constitución Política del Perú. Algunas facciones pedían la liberación de Pedro Castillo quien el último 7 de diciembre intentó dar un autogolpe de Estado.
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