
El gobierno de Dina Boluarte ha sido señalado de cometer presuntas violaciones de derechos humanos en un informe de la CIDH que repasa la crisis ocurrida tras la llegada al poder de la presidenta. Los señalamientos no han sido del agrado del Ejecutivo, sobre todo cuando se refiere al actuar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, miembros de las fuerzas del orden a quien la mandataria dejó a su suerte días atrás.
Frente a los 60 muertos, cuya mayoría habría sido provocada por el accionar de las FF.AA. y la PNP, Dina Boluarte dijo que el Poder Ejecutivo no tiene poder de decisión sobre los protocolos empleados por las fuerzas del orden. “Ellos tienen su propia ley (...) Nosotros no tenemos comando”, fueron las palabras que la jefa suprema de las Fuerzas Armadas utilizó en una entrevista con el Diario El Comercio.
Sin embargo, este lunes Boluarte se mostró cercana a las fuerzas del orden durante la ceremonia de inauguración del ejercicio multinacional del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Americanas. Durante dicho evento indicó que como presidenta de la República respalda el “trabajo heroico y abnegado en favor de la integridad territorial, el orden interno y el desarrollo del país”. Postura completamente distinta a la revelada la semana pasada.

Durante el mencionado discurso, la jefa de Estado reconoció a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú por su “compromiso, esfuerzo y desempeño, incluso arriesgando sus propias vidas para brindar alivio y esperanza a nuestra población”. En ningún momento hizo referencia a las denuncias contras estas instituciones sobre la represión y el abuso de poder utilizado para controlar las manifestaciones en contra del gobierno.
“Nos ha tocado estar al frente del Gobierno en un periodo difícil, pero estamos demostrando que tenemos la fuerza y el coraje para sacar adelante a nuestro país, de la mano de nuestras instituciones, de la población civil, de la comunidad en general”, dijo Boluarte ante miembros de las fuerzas del orden. Cabe recordar que las protestas iniciaron tras el golpe de Estado de Pedro Castillo y la juramentación de la presidenta.
Informe final
Luego de dos visitas al Perú y entrevistas con personas implicadas en la crisis política y social que sacudió al Perú desde finales de 2022 e inicios de 2023, un grupo de comisionados de la CIDH presentó una cronología de lo sucedido y una serie de conclusiones y recomendaciones. Estos señalan que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”.

En los casos de Ayacucho y Puno, la Comisión señala que existieron graves violaciones a los derechos humanos y llegó a utilizar los términos “masacres” y “ejecuciones extrajudiciales” para referirse a lo ocurrido. El texto difundido ha provocado que algunos miembros de la clase política califique de “sesgado” lo escrito. Estos critican que no se haya ahondado en el golpe de Estado de Pedro Castillo.
“Son términos muy delicados, [”masacres, ejecuciones extrajudiciales”], porque se desprende que pudo haber una acción deliberada del Estado hacia la gente, es decir, ordenar disparar o matar”, comentó a Infobae el internacionalista Luis Gonzáles Posada. Mientras tanto, desde el Ejecutivo no se ha informado si cumplirá con las recomendaciones expuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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