Después de varios año de investigación, las indagaciones sobre la presunta relación entre Keiko Fujimori y Odebrecht pasan a una nueva fase. El Caso Cocteles pasará a la etapa de juicio oral. Como parte de este proceso, el juez Víctor Zúñiga dictó una orden de impedimento de salida del país para la actual lideresa de Fuerza Popular.
La exprimera dama, su esposo Mark Vito Villanesa, Adriana Tarazona, Jaime Yoshiyama, Pier Figari, Vicente Silva, José Chlimper y Vicente Silva no podrán salir del país durante un período de 36 meses por estar involucrados en el presunto delito de lavado de activos y organización criminal.
El Ministerio Público acusa a Fujimori Higuchi de haber ocultado los aportes que le realizó la empresa Odebrecht para su campaña presidencial en el año 2011. Para el Equipo Especial de fiscales encargados del caso Lava Jato, la constructora habría abonado más de 1 millón de dólares de procedencia ilícita.
El caso permanecía en la etapa de control de acusación hasta el miércoles pasado. La demora en el caso se dio debido a que el juez a cargo identificó una serie de irregularidades en los documentos presentados por el fiscal José Domingo Pérez y ha rechazado recursos de parte de la defensa legal de Keiko Fujimori y los otros implicados.
Luego de ello, tres jueces penales se encargarán del juicio oral.
Representante de Odebrecht aceptó delito
La investigación contra Keiko Fujimori inició en octubre del año 2015. El Ministerio Público identificó una serie de supuestos “aportes fantasmas”, pues los presuntos responsables de estos montos negaron haber enviado este dinero. Para la Fiscalía, Fuerza Popular camufló el aporte económico de la empresa Odebrecht.
Algunos años después, el exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, aceptó que la constructora le destinó más de un millón de dólares a Fujimori Higuchi y a otros partidos que participaban de la contienda electoral. Según indicó, estos montos provenían del Departamento de Operaciones Estructuras de Odebrecht, “caja 2″, como también se le conocía.
Luego de esta confesión, el juez Richard Concepción Carhuancho dio una orden de detención preliminar contra la exprimera dama y, posteriormente, una prisión preventiva durante 36 semanas, pero esta no se cumplió en su totalidad, pues el Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de una solicitud de hábeas corpus presentado por la defensa legal de Keiko Fujimori. Sin embargo, esto no duró mucho.
La hija del expresidente Alberto Fujimori estuvo en una constante situación de inestabilidad, pues recobraba su libertad y luego recibía una nueva orden de ingreso al establecimiento penitenciario.
Después de su salida en el 2019, el juez Víctor Zúñiga dictó nuevamente 15 meses de prisión preventiva en su contra, lo que ocasionó que vuelva al penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. La abogada de la lideresa de Fuerza Popular presentó un recurso de contra la orden de prisión preventiva y la sala de apelaciones falló a su favor. La también excongresista salió en libertad.
Pedido fiscal
El Ministerio Público ha solicitado 30 años y 10 meses de prisión efectiva contra Keiko Fujimori por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
En lo que concierne al delito de organización criminal, el equipo fiscal acusa a la política de formar esta agrupación dentro de su partido político, Fuerza Popular, dedicada al lavado de activos. Se presume que José Sam Yuen era el encargado de ocultar el financiamiento ilícito.
De acuerdo a las declaraciones de un testigo protegido a la Fiscalía, tanto Pier Figari como Ana Herz afirmaron haber recibido dinero de parte de empresarios que les pidieron no aparecer en la lista de aportantes de la campaña fujimorista.
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