Fiscalía pide variar reglas de conducta para Keiko Fujimori a puertas del juicio oral por el caso Cocteles

El Ministerio Público ha solicitado cerca de una veintena de reglas de conductas para la excandidata presidencial Keiko Fujimori, lideresa de la organización política Fuerza Popular, en el marco del caso ‘Cocteles’.

Otras siete personas copresadas por estas diligencias, donde se le atribuye a Fujimori los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, también enfrentan un requerimiento similar desde la Fiscalía.

Estos son, además de la expostulante fujimorista, los investigados Mark Vito Villanela, Vicente Silva Checa, Ana Herz, Adriana Tarazona, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Pier Figari.

Contra ellos, el Equipo Especial Lava Jato ha pedido un impedimento de salida del país por un plazo de 36 meses considerando que el juicio oral del caso iniciará pronto.

En la actualidad, sobre Fujimori Higuchi pesan cinco reglas de conducta impuestas por el Poder Judicial. Estas se dictaron en abril del 2020 tras la revocatoria de su prisión preventiva.

Las medidas que cumple son las siguientes: efectuar el pago de 70 mil soles a modo de caución; pasar control biométrico y justificar sus actividades mensualmente; acudir a las respectivas instancias fiscales y judiciales de ser requerida; no comunicarse con los testigos relacionados a los presuntos falsos aportes que recibió; y no ausentarse de su lugar de residencia, en la capital, sin el permiso de un juez.

El fiscal José Domingo Pérez, en representación del Ministerio Público para este caso, ha solicitado ante el magistrado Víctor Zúñiga la variación de dos de estas normas. De esta manera, de acceder al petitorio, los controles de Keiko Fujimori se realizarían cada dos semanas y la caución se incrementaría al monto de un millón de soles.

La tres veces aspirante a la presidencia de la república enfrenta una pena de cárcel de más de 30 años, por ello, el Ministerio Público sostiene que existe un latente riesgo de fuga.

La abogada Giuliana Loza, defensora legal de la imputada, rechazó el requerimiento fiscal y alegó que su patrocinada ha cumplido con todas las normas que se le impusieron desde su salida de prisión.

“No existen razones objetivas para suponer que no se mantendrá presente ante un eventual juzgamiento, acudiendo al llamado o emplazamiento judicial”, comentó la letrada en la última audiencia.

En resumen, las reglas de conducta solicitadas por la Fiscalía, contra la lideresa fujimorista, son las siguientes:

1. Informar los inmuebles o residencia, así como propietarios y poseedores, a los que acude.
2. No declarar en medios de comunicación o redes sociales sobre los hechos vinculados a este proceso (caso Coceteles).
3. No comunicarse con parlamentarios y exparlamentarios que estén incluidos en la nómina de testigos del caso.
4. No comunicarse con funcionarios de la Superintedencia de Banca y Seguro (SBS) y directivos del Banco de Crédito del Perú (BCP)
5. No comunicarse con funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)
6. No comunicarse con abogados y coacusados del proceso en curso
7. No comunicarse con colaboradores eficaces del caso
8. No comunicarse con coimputados, testigos y peritos ofrecidos para el juicio
9. No comunicarse con propietarios, accionistas, socios, directivos, gerentes e intermediarios de la prensa
10. No comunicarse con testigos ofrecidos para el juicio
11. No comunicarse con propietarios, apoderados, accionistas, socios, directivos, gerentes e intermediarios de compañías procesadas en el caso Club de la Construcción
12. No comunicarse con exjueces de la Corte Suprema, exfiscales supremos y exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura ofrecidos como testigos,
13. No emplear de forma directa o indirecta las redes sociales para obstruir o entorpecer la administración de justicia, en relación a los hechos relacionados a este proceso.
14. Prohibición de usar a Fuerza Popular, afiliados, militantes, candidatos, simpatizantes y cualquier ciudadano vinculado para ejercer acciones directas o indirectas de entorpecimiento a la justicia