El último viernes 26 de mayo, el Poder Judicial dispuso que Salatiel Marrufo, exhombre de confianza de Pedro Castillo que permanecía en prisión preventiva, sea excarcelado con una comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país.
“Se ha logrado la excarcelación mediante una medida legal [...] desde hoy hay una resolución en el cual se videncia que mi patrocinado se encuentra en libertad sujeto a determinadas reglas de conducta”, afirmó el abogado de Marrufo, Eliu Arismendiz, a Panamericana.
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El letrado indicó que pese a emitirse el fallo judicial en la referida fecha, el exfuncionario no abandonó la cárcel ese mismo día, pues será necesario continuar con las diligencias necesarias para su eventual liberación.
La solicitud para variar la condición del investigado provino de su defensa legal y el Ministerio Público. Sobre Marrufo pesaba una orden de prisión preventiva por 30 meses.
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La medida fue dictada el pasado 25 de octubre del 2022, por el magistrado Víctor Zúñiga, y alcanzó a otros implicados en el caso Gabinete en la Sombra: Abel Cabrera Fernández y Biberto Castillo León.
Marrufo Alcántara enfrenta una investigación fiscal por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias en agravio del Estado.
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De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los mencionados formaban parte de la presunta red crminal liderada por el expresidente Castillo. El exmandatario se encuentra recluido en el penal Barbadillo (Ate) tras el golpe de Estado de diciembre del 2022 tras dictársele dos órdenes de prisión preventiva por 18 y 36 meses, respectivamente.
El Ministerio Público presume que el denominado Gabinete en la Sombra orquestó el direccionamiento de al menos 34 proyectos de obras públicas. Según indica, estos fueron incluidos en el decreto de urgencia N.º 102-2021-VIVIENDA, emitido el 29 de octubre del 2021, que ocasionó una cuantiosa pérdida económica al Estado peruano de 130 millones de soles.
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La Comisión de Fiscalización del Congreso, presidido por el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), encontró evidencias de la presunta recepción de dinero ilícito de parte del expresidente Pedro Castillo.
En la referida fecha del fallo judicial favorable a Marrufo, el titular del grupo de trabajo manifestó a RPP que “se ha podido cumplir con la moción que nos ha encargado el pleno del Congreso de investigar otras líneas de presuntos actos de corrupción dirigida desde Palacio de Gobierno”.
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Además, detalló que en los “brazos articuladores” del esquema de presunta corrupción se sitúan la exprimera dama Lilia Paredes, asilada en México desde diciembre del año pasado, sus los hermanos y un cuñado del exmandatario; así como el exministro Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento) y exasesores como Salatiel Marrufo.
Golpe de Estado del 2022
El quiebre constitucional producido por Pedro Castillo, el 7 de diciembre del año pasado, se produjo durante las declaraciones de Salatiel Marrufo ante la Comisión de Fiscalización.
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En aquel momento, el exasesor asegura que le entregó, “personalmente, cien mil soles al [entonces] presidente”. Además, indicó que tiene registros “telefónicos de las llamadas que se tuvo con la familia” Castillo.
“[Se entregaban] 50 mil soles mensuales [a Pedro Castillo] para efectos de que mantenga en el cargo a Geiner Alvarado como ministro de Vivienda, estas sumas [fueron] entregadas por Alvarado hasta en nueve oportunidades después de cada Consejo de Ministros, usualmente fines de mes o inicios de mes. 450 mil soles por este concepto”, manifestó.
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Posteriormente, agregó que sus declaraciones estaban “siendo corroboradas” por el Ministerio Público. “Pedí ser invitado a esta Comisión porque la Sra. Goray [implicada en el caso] ha dicho que la he extorsionado, eso no es verdad”, puntualizó el investigado frente a los parlamentarios miembros de la Comisión.
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