Pedro Castillo, expresidente por el partido político Perú Libre, brindó sus descargos durante una audiencia judicial sobre el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del año pasado. La sesión, iniciada a las diez de la mañana aproximadamente, fue solicitada por sus abogados para archivar el proceso en su contra por este hecho.
El imputado por el presunto delito de rebelión y, alternativamente, conspiración; así como por su supuesta coautoría en la comisión de abuso de autoridad contra la tranquilidad pública, se conectó virtualmente para declarar frente al magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
“Mediante el escrito y anexos presentados, el tres de mayo del 2023, por la defensa técnica del imputado, José Pedro Castillo Terrones, deduce excepción de improcedencia de acción, puesto que el hecho que se le imputa no constituye delito o sin connotación penal; y en consecuencia se disponga el definitivo de la causa”, recogía la citación para este martes 23 de mayo.
En su mensaje a la nación de diciembre del 2022, cuando se produjo el quiebre democrático en el país, Castillo Terrones pretendió cerrar el Congreso de la República y “reorganizar” las principales instituciones del Perú: Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional (TC) y Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Durante su alocución, el exmandatario insistió nuevamente en su inocencia y negó quebrantar el orden constitucional del país. Aseguró, además, que la Fiscalía no posee suficientes elementos en su contra.
Hasta el momento, sin embargo, el Ministerio Público ha conseguir una orden de prisión preventiva en contra del docente cajamarquino, por 18 meses, debido a este caso. Por ello, este permanece recluido en el penal Barbadillo, en el distrito de Ate, junto a sus homólogos Alejandro Toledo y el ya sentenciado Alberto Fujimori.
“Me ratifico hoy, una vez más, en que no cometí el delito de rebelión y conspiración. Hoy estoy convencido de que la Procuraduría y el Ministerio Público no pueden sustentar un supuesto delito. Son supuestos, dichos, habrías”, manifestó junto a su abogado.
En otro momento, pidió al juez Checkely “emitir una decisión correcta en base a los argumentos de mi defensa, una decisión sin apasionamientos, parcialización en mi contra, firme y en honor a la justicia sin presión mediática”.
“Emita una decisión correcta y no con supuestos, toda vez que yo no cometí el delito de rebelión ni de conspiración. En mérito a ello, pido una decisión firme para obtener mi libertad toda vez que estoy privado de ella injustamente”, insistió.
Segunda orden de prisión preventiva
Algunos meses después de dictarminarse su prisión preventiva en diciembre, por el golpe de Estado ocurrido, el Poder Judicial resolvió acceder una vez más al pedido de la Fiscalía para ordenar 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente.
En este caso, sin embargo, la medida se le impuso por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias. Aún si el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria accediera a su petitorio de archivar el proceso en su contra por presunta rebelión —situación improbable— el exmandatario debe cumplir con la segunda medida similar en su contra.
Según la tesis fiscal, a cargo del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, Castillo lideró una red delincuencial integrada por diversos familiares suyos: su esposa, la ex primera dama Lilia Paredes; sus cuñados Walter, David y Yenifer Paredes; sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, entre otros.
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