
La defensa legal del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) salió al frente para desmentir la declaración que el también exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006) brindó a la Fiscalía sobre la reunión que se habría tenido con los ejecutivos de la constructora Odebrecht en Palacio de Gobierno.
Julio Midolo, abogado de PPK, refirió que su patrocinado le dijo que cuando fue convocado por Toledo Manrique a una reunión en la sede del Poder Ejecutivo, se encontró con que los representantes de la firma brasileña ya se encontraban en el lugar.
“La información que a mí me ha transmitido mi cliente es que no ha sido así, que esto es inexacto, que en realidad él es convocado a una reunión en Palacio y ya estaban presentes los miembros de Odebrecht”, anotó el letrado en declaraciones que el diario Perú 21 recoge.
Como es público, el programa Punto Final reveló que Toledo señaló ante el fiscal José Domingo Pérez que PPK llevó a los ejecutivos de Odebrecht.

Cuestionamientos
El abogado de PPK volvió a señalar que el Ministerio Público no cuente con colaboradores eficaces que puedan acusar a su cliente como receptor de sobornos como sí ocurre en el caso de Toledo, quien es señalado de haber recibido 35 millones de dólares para entregar las licitaciones de los tramos dos, tres y cuatro a las empresas Odebrecht y Camargo y Correa.
“Lo único que maneja la Fiscalía al nivel de indicios es el hecho de que él, a través de la empresa Westfield, habría realizado asesorías financieras, pero más allá de eso no hay una sindicación directa”, acotó el defensor legal de Kuczynski al citado medio de comunicación.
Además, el abogado reiteró que hasta el momento no cuentan con la notificación del fiscal José Domingo Pérez Gómez, quien solicitó 35 años de prisión. “Si no se ha notificado hasta el momento es probable que haya sido devuelto (el expediente de la acusación) porque tiene algunos errores que se tienen que subsanar”, agregó.
El Ministerio Público apunta a PPK por la presunta conformación de una organización criminal que habría recibido más de US$12 millones de la constructora brasileña Odebrecht, a través de consultorías y asesorías encubiertas por las obras Olmos, IIRSA, Rutas de Lima, entre otros proyectos en el Estado.

Entre los argumentos de la Fiscalía, el expresidente habría lavado más de 12 millones de dólares, dinero que sería entregado por Odebrecht y otras compañías a las empresas que estuvo a cargo de PPK entre el 2001 y 2016. Con este dinero Kuczynski habría adquirido inmuebles y parte de ello financiar sus dos campañas electorales del 2011 y 2016.
La acusación fiscal salpica también a cuatro personas físicas y cuatro personas jurídicas, mientras Kuczynski cumple comparecencia con restricciones e impedimento de salida de Lima sin previa autorización judicial. Los otros salpicados son Gerardo Rafael Sepúlveda Quezada, Gloria Kisiv Wagner y Denisse Hernández.
Sepúlveda se habría encargado de ejecutar las asesorías que consiguió PPK a favor de Westfield Capital, donde se presume que utilizó su influencia. Mientras que Kisiv y Hernández serían las encargadas de administrar de estas empresas, así como también del expresidente.
José Luis Bernaola Nufflo, el chofer de PPK, también habría recibido dinero en la campaña electoral del 2011 para ser un presunto testaferro.
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