Los nombramientos de funcionarios cuestionados era algo muy común durante el gobierno de Pedro Castillo, quien cumple actualmente prisión preventiva por el fallido autogolpe de Estado y el caso Puente Tarata-Petroperú. Sin embargo, no existía una estimación de cuántos había dejado el exmandatario dentro del aparato estatal.
El contralor general de la República, Nelson Shack, señaló al diario El Comercio que la administración de Castillo Terrones había dejado cerca de más de 2,500 servidores que estaban vinculados a presuntos actos de corrupción. Un patrón que, sin duda, no llama la atención tomando en cuenta la situación actual del expresidente.
“Tener en cuenta es cómo ha subido de un año para otro la cantidad de funcionarios públicos comprometidos en los informes de control con responsabilidades administrativas, civiles y penales en el Poder Ejecutivo. Pasaron de 1.870 en el 2021, a 2.530 en el 2022, casi un 35% más”, indicó el funcionario.
Además, Shack mencionó que el Perú tuvo un perjuicio económico de S/24.419 millones en el 2022 por la corrupción y la inconducta funcional.
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