La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) negó que su proyecto de ley que busca someter a las autoridades electorales como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a una acusación constitucional tenga algún tipo de sesgo político.
“No tiene nada de particular, no existe ningún tema de sesgo en contra de los funcionarios que en este momento están en el sistema electoral”, refirió la vocera fujimorista. Además, enfatizó que “quiero dejar absolutamente claro que no existe nada de manera personal contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones o el jefe de la ONPE”.
En esa línea, Juárez Gallegos sostuvo que su propuesta se basó en dos recomendaciones hechas por el Tribunal Constitucional, realizadas marzo pasado y febrero del 2004, para que las altas autoridades electorales sean incluidas dentro del artículo 99 de la Constitución, con el fin de que sean objeto de juicio político.
“Es importante también mencionar que el sistema electoral es el único que no tiene ningún tipo de revisión. Ellos son única y definitiva instancia [...] Creo que todos debemos cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional, no hay ningún funcionario que esté exento de esta particularidad”, refirió.
Como es público, el Tribunal Constitucional publicó el 23 de febrero pasado una sentencia que empoderó políticamente al Congreso. En concreto, resolvió una demanda competencial que terminó por anular la medida cautelar que suspendía la elección del nuevo defensor del Pueblo y la ejecución de las reformas a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), entre otras investigaciones.
El fallo del TC ordenó al Parlamento que reforme el artículo 99 de la Constitución a fin de que las autoridades del TC, ONPE y el JNE. Tras esta decisión, hubo una ola de rechazo.
“Consideramos que se atenta contra los principios que sostienen a un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, sobre todo en la separación de poderes, independencia, autonomía e imparcialidad, que se permita a un órgano de naturaleza y composición eminentemente político como el Congreso de la República, tenga la competencia para ejercer el control de decisiones que emiten organismos jurisdiccionales y electorales como el JNE”, señala un pronunciamiento del JNE.
Por su parte, la Sala Plena de la Corte Suprema, máxima instancia del Poder Judicial (PJ), se reunió para lanzar un pronunciamiento en contra del fallo del máximo intérprete de la Carta Magna que bloquea cualquier tipo de control sobre las decisiones que puedan tomar en el Congreso de la República.
“El Poder Judicial no puede estar de acuerdo con las razones aducidas por la aludida sentencia del Tribunal Constitucional. Más bien, expresa su preocupación por la concepción jurídica que asume y resalta los graves efectos que puede tener para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la independencia judicial”, señala el comunicado.
Además, sostienen que la sentencia del TC “anuló resoluciones dictadas por tres órganos jurisdiccionales de primera instancia en sendos procesos de amparo en trámite”. De igual forma, denunció una presunta conducta funcional de los jueces que las emitieron para determinar posibles responsabilidades disciplinarias.
“Como siempre hemos enfatizado -continúa el comunicado- la independencia judicial identifica la propia función jurisdiccional; es su máxima garantía y cualidad nuclear y resguarda el recto desempeño de la jurisdicción: la resolución de los conflictos de forma desinteresada y por medio de la ley”, agregan.
<a href="https://www.infobae.com/peru/2023/05/10/patricia-juarez-niega-que-proyecto-para-someter-a-juicio-politico-a-miembros-del-jne-y-la-onpe-tenga-algun-sesgo/"> </a>Efecto nocivo
El abogado constitucionalista Heber Joel Campos, los organismos a los que pertenecen estos titulares cumplen un rol importante en la democracia, pues son los encargados de los procesos electorales. Por este motivo, es necesario que “lleven adelante sus funciones sin inconvenientes. Sobre todo, tomando en cuenta el hecho de que no sean pasibles de una denuncia constitucional”, explicó a Infobae.
“Lo que se busca es garantizar la independencia de estos organismos que cumplen un rol fundamental para la democracia porque son los que cuentan los votos. Si se les impone sanciones, estas podrían tener su origen en resentimientos o reproches por los resultados”, señaló.
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