Amnistía Internacional acusa a Perú y Chile de agravar crisis migratoria con políticas crueles y deshumanizadoras

La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, alzó la voz por la crisis migratoria en la frontera Perú - Chile, que ha desencadenado en un conflicto diplomático entre ambos países.

Amnistía Internacional sostiene que las medidas implementadas por los gobiernos de Dina Boluarte y Gabriel Boric solo agravan la situación que actualmente viven cientos de migrantes extranjeros, detenidos desde hace más de 15 días, en la frontera de ambos países.

“Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por la situación de precariedad absoluta en la que se encuentran estas personas como resultado de políticas crueles y deshumanizadoras, que violan las normas internacionales y leyes de Perú y Chile para la protección de personas en necesidad de protección internacional”, sostienen.

La organización internacional indicó que el estado de emergencia declarado por el gobierno de Boluarte no es el mejor recurso para resolver esta crisis migratoria. “Se trata de una crisis de personas en necesidad de protección internacional, quienes requieren una atención integral que ponga los derechos humanos en el centro de la respuesta de ambos gobiernos”.

“Al militarizar las fronteras y cerrar la puerta a miles de personas, entre ellas niñas y niños, que huyen de masivas violaciones de derechos humanos en sus países de origen, los gobiernos de Boric y Boluarte están agravando inútilmente la situación, convirtiéndola en una crisis humanitaria que aumenta el riesgo para la vida y seguridad de estas personas,” dijo Erika Guevara Rosas.

Asimismo, lamentó que el gobierno chileno haya desplegado efectivos miliares en sus fronteras con Bolivia y Perú, con el fin de detener la llegada de personas indocumentadas al país.

Agregó que las medidas de militarización de fronteras de ambos países “fueron adoptadas en un contexto de creciente estigmatización y xenofobia, y discusiones legislativas que buscan criminalizar la migración irregular”.

300 migrantes en la frontera

Amnistía Internacional indicó también que se estima que al menos 300 personas, entre ellas familias con niños, niñas y adolescentes, personas embarazadas y con enfermedades crónicas, se encuentran varadas en la frontera entre Perú y Chile en una situación humanitaria crítica, sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria en el desierto conocido por sus condiciones extremas. “La mayoría de estas personas son procedentes de Venezuela, pero se ha reportado también la presencia de personas haitianas y de otras nacionalidades”.

Políticas crueles

En ese sentido, Amnistía recordó que “las personas venezolanas salen de su país como consecuencia a masivas violaciones a los derechos humanos, documentadas recurrentemente por mecanismos internacionales, por lo que los gobiernos de Chile y Perú están obligados a proveer de protección y garantizar el derecho a solicitar asilo, de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por ambos países e incorporados en su legislación”.

Sobre los ciudadanos haitianos, señala que “no pueden ser regresadas a su país debido a la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que enfrenta el país, que incluye la violencia generalizada, la inestabilidad política, la inseguridad alimentaria y un sistema sanitario al borde del colapso”.

“Chile y Perú deberían de cooperar para brindar una respuesta humanitaria y centrada en los derechos humanos de las personas que llegan y las comunidades que les reciben. Militarizar las fronteras no solo pone en peligro a las personas refugiadas y migrantes, sino también a las personas que residen en esas localidades” dijo Erika Guevara Rosas.

Es así que Amnistía Internacional hizo un llamado a que las autoridades peruanas y chilenas “reactiven y adecuen sus sistemas de recepción de solicitudes de asilo de manera inmediata”.

Agregó que la atención y recepción de solicitudes es inoperante en Perú desde 2020, mientras que en Chile están implementando prácticas y políticas que impiden que las personas con necesidad de protección internacional puedan acceder al refugio, violando sus derechos humanos.