Sandy Evangelista, del colectivo que agrupa a deudos de víctimas de feminicidios: “La impunidad la promueven las autoridades”

Sandy Evangelista era apenas una niña cuando su hermana Nelva fue asesinada. Su madre y ella tuvieron que esperar diez años para que, recién en el 2016 capturaran al feminicida, quien había logrado burlar la cárcel al permanecer prófugo. Su familia aún no imaginaba que lo más difícil aún no ocurría, enfrentarse a la precariedad y la indolencia del sistema judicial peruano.

Tras años de atropellos y penurias lograron que sea condenado, aunque luego este logró la reducción de su pena. Ante ello, la joven decidió organizarse junto a otras hermanas, madres, padres e hijas de mujeres asesinadas y crear el colectivo Familias Unidas por Justicia, que tiene como fin reclamar el mejoramiento de políticas públicas que logren prevenir la creciente tasa de casos de violencias contra las mujeres. Reconoce que el camino es complicado, pero señala que cada fallo que no cae en la impunidad le da fuerza a ella y a las familias de las víctimas de feminicidio.

Precisamente, estas semanas el Perú fue sacudido por una seguidilla de casos extremos de violencia, entre los que se ubican una joven de 18 años quemada viva, una enfermera violada en grupo y lesionada gravemente que terminó perdiendo la vida, y las agresiones sexuales contra un bebé y una niña de apenas 11 años, que fue torturada con ferocidad.

En todos los casos se evidencia una crueldad extrema, por lo que Sandy, como activista indica que esta situación va en aumento bajo el amparo de la desidia de las autoridades y un sistema que falla en proteger a sus niñas y mujeres y las revictimiza incluso después de muertas.

—Desde el colectivo Familias Unidas por Justicia, ¿cuál es su análisis sobre la situación de violencia contra las mujeres? Año tras año, si bien las cifras de feminicidios o tentativas no se incrementan ni reducen significativamente, sí aumenta la crueldad y ensañamiento contra las víctimas, no solo contra mujeres adultas sino también contra niñas.

—Fue en 2019 cuando ocurrió la estadística más alta de feminicidios; fue entonces cuando se visibilizó más los extremos de la violencia. Fue el año donde el Perú despertó, las autoridades se comprometieron, el Gobierno se comprometió, pero transcurrió el tiempo, la pandemia llegó y los avances en la lucha contra la violencia se quedó en informes y en cifras.

Lo que vemos hoy es la normalización de los feminicidios, de las agresiones, pero también vemos el tema de impunidad que la promueven las propias autoridades.

El ensañamiento y la crueldad, obviamente, se van a visualizar más porque los mismos perpetradores de estos crímenes notan la impunidad. Lamentablemente, la violencia se está normalizando en nuestro Perú.

—Hablemos un poco sobre la situación de las niñas y adolescentes. Si bien es verdad que casi ninguna mujer escapa de la violencia, en todas las etapas de su vida, últimamente hay también un incremento de crueldad hacia las menores, tal como evidencia el caso de Satipo, por ejemplo.

—Cuando se trata de menores de edad, lamentablemente, tanto niñas como niños son atacados, sobre todo, en el tema de la violencia sexual. Siempre ha ocurrido; esto se da mucho más dentro de los hogares, tal como lo hemos visto en el caso de la niña de Satipo: ocurrió en su hogar, con un familiar que supuestamente debió cuidarla, pero la violentó, la atacó. Espero se pueda recuperar y no se convierta en una cifra más de feminicidio.

Los menores están siendo completamente vulnerados, aún así hay un mal escenario porque el Congreso está a favor de un proyecto para darle derechos al concebido, con lo cual están desprotegiendo a las víctimas de violencia sexual, sobre todo a las menores que puedan quedar embarazadas después de una violación.

Básicamente, todo el país está dándole la espalda a las mujeres. Es algo que me apena mucho. Nos están dando la espalda desde nuestros congresistas que son nuestros operadores de justicia, y están vulnerando los derechos de las niñas, adolescentes y de las mujeres.

Hoy lo vemos en otras personas, pero mañana podría ser cualquiera de nosotras.

—Sobre las víctimas, ¿cuál es la importancia de recordarlas, sus proyectos de vida, sus vínculos, más allá de decir que ella es la víctima de feminicidio n° 25, n° 51?

—Mayormente las víctimas se vuelven una cifra más. Hace unos días, dentro del colectivo, hemos identificado que han encontrado muchas mujeres que fueron reportadas como desaparecidas. Los casos se manejan bajo un presunto feminicidio o bajo un presunto homicidio, pero no se sabe con exactitud. Se localizó un cuerpo en Tacna, no se sabe quién es la víctima ni su identidad. También se ha localizado un cuerpo en Arequipa, así como un cuerpo calcinado que, posiblemente, se trata de las características de una mujer.

Son casos terribles donde los sujetos están tratando de deshacerse de las víctimas, en una demostración de extrema violencia porque quemarlas, descuartizarlas, violentarlas como lo han hecho en el caso de la enfermera en Puno, de la niña en Satipo, con Katherine Gomez, se trata de extrema violencia.

Es un ensañamiento, es un odio hacia la mujer, un odio al rechazo. Se creen intocables, creen que tienen el derecho de decidir sobre la víctima y si son rechazados creen que tienen el derecho de acabar con su vida, incluso el violador de Satipo lo dijo.

—En ese contexto de abandono y de impunidad, entonces, ¿cuál es la importancia de rescatar las historias de estas mujeres, más allá del crimen y de la forma como murieron?

—La importancia de conocer sus historias es para tratar de que se vuelva un precedente de justicia, tratar de hacerle justicia para que haya esperanza en las otras familias y, sobre todo, no olvidar sus memorias, sus nombres.

No olvidarlas nunca porque partieron forzosamente, dolorosamente. Saber sus historias, acompañar a los familiares, no dejar caer a los deudos, exigirle al Estado que no haya impunidad, exigirle a los operadores de justicia que hagan su trabajo y, sobre todo, lograr antecedentes positivos.

—Ya que has mencionado el tema de las autoridades, hablemos del Ministerio de la Mujer, que es el ente rector de la defensa de los derechos de las mujeres. Desde el colectivo, ¿qué deficiencias graves identifican en el ejercicio de sus funciones?

—En el Ministerio de la Mujer, desde el primer caso que se unió al colectivo hasta el último es la mismo: no hay servicios esenciales para atender a los familiares ni a las víctimas. Recién lo hacen cuando hay alguien exigiéndole al MIMP; tampoco es que te acerques y te vayan a recibir sino que hay que exigir a través de las redes sociales, plantones y marchas. O sea, tenemos que exigirle para que nos den un derecho que está establecido.

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) no se dan abasto. Se están desbordando los casos de todo tipo de violencias; y no tienen voluntad ni empatía e, incluso, ni siquiera el enfoque de género. Tú puedes preguntar a cualquier familia del colectivo y te van a decir lo mismo: que su caso no avanza; no es que no avanzan solo por la tardía respuesta de la justicia, sino también porque los mismos abogados, quienes son los encargados presionar y trabajar conjuntamente con la Fiscalía, no cumplen sus funciones.

Tampoco lo van a hacer si siguen aumentando los casos. Ahora, la atención psicológica es mucho peor. Te puedo decir que está tan mal que los familiares que tengo entendido que las víctimas de violencia no van, no creen que es necesario ir a unas consultas psicológicas. Lo digo porque lo veo. Ya están cansados de pedir consultas porque te atienden una o hasta dos veces por semana, pero al pasar el tiempo te cambian de un lugar a otro, te atienden apenas una vez al mes o a veces ni lo hacen o te cambian la cita. Todo eso suma a que la atención no sea eficaz para las víctimas de violencia o sus deudos.

—Entiendo que debido a la identificación de esta serie de deficiencias graves es que se está solicitando la reestructuración del Programa Aurora. ¿Qué es lo que implica ello, según las conversaciones que han tenido con la Defensoría?

—Hasta este momento no hay una respuesta sobre la reestructuración del Programa Aurora. Se han creado mesas de trabajo para atender el feminicidio; la última mesa que se formó fue en la gestión de Grecia Rojas. En esa ocasión nos hicieron participar en las reuniones, y explicamos con detalles qué necesitábamos, qué pedíamos, pero aclaro que nosotros no nos quejamos, estamos bajo una normativa, estudiamos la ley y el Código Penal, así como las resoluciones.

Nos preparamos, desde la poca experiencia que tenemos, para darles un alcance a las autoridades a fin de que cambien las atenciones a las víctimas. Sin embargo, al final solamente crearon las mesas con las mismas instituciones que vulneran los derechos de las mujeres y no tomaron en consideración nuestro grupo, a pesar de que nos hicieron trabajar.

Esta mesa se creó, venció en febrero y hemos solicitado una respuesta acerca de qué logros tuvo. No respondieron. Además, cambian a cada rato a las autoridades y se pierde todo. Así nos tienen desde hace tres años. Aunque estamos cansados de exigir a las autoridades, pero seguimos luchando por aquellas que fueron víctimas de feminicidio; es una deuda histórica que tiene el Estado y a sus deudos que exigen justicia.

Ahora se puede decir que el Estado, al igual que el Ministerio de la Mujer, culpabiliza a las víctimas al señalar que se meten con parejas violentas: no está avanzando nada en esta lucha y, por el otro está el Congreso, que tiene una actitud terrible.

Incluso, la propia ministra de la Mujer no tiene sensibilización y, mucho menos, tiene el enfoque de no culpabilizar jamás a las víctimas. Es una autoridad que protege a las mujeres supuestamente, pero dar un mensaje así, en una sociedad tan machista, es un apañamiento y prácticamente está dando la razón a los agresores.

—Sandy, justamente el colectivo nace por esta ola de violencia muy marcada que cada día se hace más crónica. ¿Cuáles son las razones por las que decidiste conformar y juntarte con otras hermanas, madres, tías, que también demandan justicia por sus fallecidas?

—Nació porque las autoridades no atendían los casos. Desde el comienzo, creíamos que siempre se tenía que realizar demandas al Ministerio de la Mujer. Tal vez en la ignorancia no sabe cómo se tiene que actuar después de un feminicidio y nadie lo conoce. Por supuesto, nadie imagina que van a matar a tu hija, a tu hermana o a tu madre. Gracias a otras organizaciones, colectivos y mujeres independientes creamos la propuesta de un proyecto de ley o una asistencia por orfandad de feminicidio (2020).

Desde entonces hemos pedido reformas desde nuestra experiencia. Sin embargo, el único cambio que hemos logrado es visibilizarnos más y crear el equipo de litigio (desde el MIMP) que nos ayuda, cuando no avanzan los casos: nos comunicamos con la abogada que lidera este equipo, elevamos la queja, luego se comunican con la familia, se les informa, y se les manda documentos. Sin embargo, esto no es algo que debería ser así, o sea nosotros no podemos tener ese privilegio cuando hay miles de familias que no conocen al grupo y cómo están sus casos.

El colectivo no solamente da seguimiento a los casos, sino acompañamiento de las familias, para darles las fuerzas, los ánimos de seguir luchando porque hay feminicidios que están en proceso de investigación por varios años y otros están archivados.

Sentimos que no hay voluntad de los operadores de justicia. La norma dice que en menos de un año deben ser sentenciados los feminicidas, más en casos de flagrancia, pero demoran años. Y en los casos en los que no se sabe quiénes son los autores es mucho peor.

También hay que señalar que las autoridades pueden estar un poco de nuestro lado solo cuando hay mendacidad.

—¿La celeridad en la atención es proporcional de qué tan mediático puede ser el caso?

—Las autoridades están cuando el caso está en los canales de televisión, cuando hay un plantón o cuando son casos visibles, pero el resto sigue dando vuelta en lo mismo, y no hay justicia para ellos.

—¿Qué tan pesado o devastador puede ser estar en constante contacto con la injusticia que rodea a estos casos por las fallas que hay en el sistema de justicia?

Normalmente, desde marzo hasta noviembre son los meses más duros en los que trabajamos las 24 horas del día, los siete días de la semana, porque las audiencias siguen siendo virtuales, sobre todo, en provincias. A veces se desarrollan muy tarde, en noche, pero estamos allí, al menos yo estoy allí. Estamos dentro de sus audiencias para que luego podamos explicarles a las familias, cómo se ha realizado la investigación, qué es lo que se ha presentado porque los abogados no informan como tal y en la ignorancia muchos se quedan callados.

Tenemos que estar pendientes de las audiencias, contactar a los medios para tener alcance y que ojalá lleguen las demandas a las autoridades para que tengan un poco de conciencia al momento de investigar o sentenciar.

Es cansado porque hay semanas donde llegan cinco o seis audiencias juntas, tenemos que darles todo el apoyo para que siquiera tengan la atención de la sociedad, al menos para causar indignación.

Las familias necesitan el acompañamiento y la incentivación moral para que resistan; eso es básicamente lo que hacemos. Es un trabajo no remunerado, un trabajo que nace desde nuestro corazón por ellas y para ellas; para alcanzar justicia porque recién cuando hay una sentencia justa, la familia puede vivir su duelo.