La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, continúa sumando procesos con la justicia. Esta vez el Ministerio Público ha presentado una denuncia constitucional en su contra por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias por la presunta contratación irregular de personal en el Congreso y en los ministerios que lideró.
En noviembre del año pasado se reveló que la entonces ministra de Cultura y congresista Betssy Chávez había contratado a familiares de quien sería su pareja sentimental, Abel Sotelo. la hermana de este llegó a sumarse al despacho de la excongresista como auxiliar nivel 2. El 14 de septiembre del 2022, Flor de María Jezabel Sotelo Villa se incorporó al equipo de trabajo de la entonces representante de Perú Democrático.
De acuerdo a la escala salarial, Sotelo ganaría S/ 2,598 mensuales. Para ocupar este puesto se necesita como requisitos solo tener estudios secundarios completos y dos años de experiencia profesional o experiencia laboral. Sin embargo, Sotelo se había graduado el 6 de agosto y tan solo contaba con el grado de bachiller en derecho por la Universidad Privada de Tacna. A un mes de su graduación ingresó a trabajar en el Congreso.
Asimismo, el nombramiento de Antonio Sotelo como el representante del Ministerio de Trabajo ante el Consejo Nacional del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) habría estado motivado por la propia Chávez. Esto luego de tres visitas del cuestionado al despacho de la ministra. Además, Marco Antonio Sotelo Villar trabajó como asistente en el despacho de Betssy Chávez desde octubre de 2021 hasta marzo del 2022.
Investigación en curso
Junto a los exministro Roberto Sánchez y Willy Huerta, la expremier Betssy Chávez será parte de una investigación preparatoria por su participación en el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Estos serán procesados por los presuntos delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional-rebelión (Art. 346 del Código Penal), y contra los poderes del Estado y el orden constitucional – conspiración (Art. 349 del Código Penal) en agravio del Estado.
La etapa de investigación, según lo señalado por el Juzgado supremo de investigación preparatoria, durará ocho meses al tratarse de un caso complejo. Al respecto, el expresidente Castillo, principal involucrado en el tema, ya cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Ahí también cumple otro mandato de 36 meses de prisión preventiva por el caso Puente Tarata-Petroperú-Ministerio de Vivienda.
Chávez ha sido involucrada en el caso luego de la difusión de un video donde se ve al exjefe de Estado presuntamente coordinando con esta los detalles del mensaje a la Nación con el que daría el golpe de Estado. La expremier hace caso a las órdenes de Pedro Castillo y se asegura que todo vaya según lo señalado por el entonces presidente.
Esta prueba fue contundente para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el Pleno del Congreso aprobarán la denuncia constitucional y el respectivo desafuero contra Betssy Chávez por 66 votos a favor, 11 en contra y seis abstenciones.
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