
Ciudad Nueva. Así se llama el distrito de Tacna, en la frontera con Chile, donde nació Betssy Chávez, la política más controversial de los últimos años. Dirigente estudiantil y graduada como abogada, encabezó la nómina de candidatos al Legislativo por esa región a través de Perú Libre, el partido que llevó a la presidencia a Pedro Castillo.
“Soy un cuadro joven. En Perú necesitamos ideologías para contribuir dentro del Parlamento”, dijo en 2019, durante una de sus primeras apariciones en medios para promocionar el número de su candidatura, el 1.

Asumió la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo en octubre de 2021 hasta mayo de 2022, pero fue censurada por su desempeño sobre la huelga de controladores aéreos en el primer día de Semana Santa y su propuesta de cambio de la Ley Servir.
Despachó también en la cartera de Cultura, entre agosto y noviembre de 2022, cuando dimitió por la difusión de un beso y una supuesta historia de amor que desencadenó en una investigación en la Fiscalía.

Sin embargo, optó por el mutis a la prensa y canalizó sus declaraciones en TikTok, la plataforma que más emplea. Negó el presunto aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado. Defendió con tenacidad a Castillo, aún cuando había acumulado seis investigaciones en el Ministerio Público.
Dijo: “Él viene de las canteras dirigenciales, y acaso encabezó la protesta más grande de los últimos lustros de los docentes. Yo noto en él una capacidad nata”. Al poco tiempo, contra todo pronóstico, juró como su quinta presidenta del Consejo de Ministros.
Al inicio de su premierato, Betssy Chávez prometió diálogo, descartó una segunda moción de confianza para cerrar el Parlamento, propuso terminar con la confrontación y respetar la separación de poderes.
“No puedo decir qué es lo que vayan a votar mis colegas congresistas en este lapso que 30 días que se tiene para dar la confianza como generalidad, pero desde mi perspectiva, este gabinete tiene toda la intención de tender puentes de diálogo”, anotó.

Su acusación constitucional, que salpica también a los exministros del Interior Willy Huerta y Comercio Roberto Sánchez, se debatió este miércoles y acabó con su suspensión para que pueda ser investigada por la Fiscalía y, eventualmente, procesada por la Justicia.
A pedido de la Corte Suprema de Justicia, tiene una alerta en todos los pasos fronterizos, por 15 días, para que no salga del territorio nacional. Tiene, sobre todo, un porvenir enrevesado: fuentes de la Fiscalía han adelantado que hay suficientes elementos de convicción para solicitar su pronta prisión preventiva.
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