Pleno del Congreso debatirá acusación constitucional contra Zoraida Ávalos este viernes 31 de marzo

El Pleno del Congreso de la República este viernes 31 de marzo a las 10 de la mañana debatirá y votará el informe final de las denuncias constitucionales presentadas contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera.

El informe final recomienda acusar a la denunciada exfiscal de la Nación por presunta infracción constitucional del artículo 159 (inciso 4) de la Constitución (juicio político), y solicita su inhabilitación por el período de cinco años, de acuerdo al artículo 100 de la Carta Magna, para el ejercicio de la función pública.

Además, sugiere acusar a la magistrada por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal (antejuicio político).

El tiempo de debate será de una hora y media, sin interrupciones ni minutos adicionales, y será distribuido proporcionalmente entre los grupos parlamentarios. Los no agrupados tendrán 7 minutos para fijar posición sobre el tema.

Cabe recordar que, en diciembre del año pasado, la Comisión Permanente aprobó por mayoría acusar, ante el Pleno del Congreso, a la exfiscal de la Nación, por el delito de presunta infracción constitucional. Además, se le acusó por los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora en acto funcionales en torno a las investigaciones al expresidente Pedro Castillo Terrones.

El congresista Ernesto Bustamante de la bancada Fuerza Popular es el encargado de hacer la sustentación del informe final de la acusación constitucional contra Zoraida Ávalos ante el Pleno sobre las investigaciones que realizó durante el proceso.

La exfiscal de la Nación, durante la sesión congresal del año pasado, señaló que no existe contra ella razones jurídicas para acusarla y que, pedir su inhabilitación, es incongruente, lo que implicaría una arbitrariedad. Dijo que, a diferencia de presidentes anteriores, en los que fueron desestimados de plano las denuncias, en éste se dispuso una investigación preliminar.

En aquel entonces, Ávalos alegó que en el caso de Castillo Terrones no hubo, en ese momento, una conducta concreta atribuible y no se había realizado el juicio de destitución, “y que no se cumplió con la debida motivación por lo que se estaría frente a la vulneración de la Constitución y de sus derechos como funcionaria”.

“Sería la primera vez en la historia del Perú que se pretenda destituir a un magistrado por haber adoptado una posición jurídica, un criterio acorde a la Constitución”, señaló al tiempo de defenderse de no haber actuado a tiempo abriendo una carpeta de investigación sobre el caso.

Por otra parte, el Consejo Directivo del Parlamento también acordó el ingreso a la orden del día del pleno de 117 dictámenes, entre ellos, 13 que recomiendan la insistencia y tres que proponen allanarse a las observaciones hecha por el Poder Ejecutivo.

Además, la Moción de Orden del Día 5372, que propone la vacancia de la presidenta de la República, Dina Boluarte. El documento fue presentado el pasado 26 de enero por congresistas de Concertación Democrático- Juntos por el Perú, Podemos Perú, Perú Libre, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, entre otros.

También los informes finales de la Comisión de Ética Parlamentaria que proponen suspender por 60 días de legislatura al congresista Luis Cordero Jon Tay y suspender por 120 días de legislatura a los parlamentarios Enrique Wong Pujada, Jorge Flores Ancachi y Elvis Vergara Mendoza.

De igual forma, pasan a la agenda del pleno los informes finales de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que investigó la paralización de 3.314 obras; así como el cobro del concepto de cargo fijo del servicio de electricidad en los períodos de marzo, abril, mayo y junio de 2020, durante la gestión de Martín Vizcarra.