El cuerpo del estudiante de gastronomía Rosalino Flóres Valverde no resistió más. Su vida se apagó este martes 21 de marzo en una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Arzobispo Loayza, luego de luchar por casi dos meses. Se convirtó en el civil número 49 fallecido durante las protestas sociales y el 67 del total de decesos registrados en las movilizaciones a nivel nacional.
A través de sus redes sociales, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH) confirmó el lamentable deceso.
“Tras casi dos meses de agonía, falleció Rosalino Flores, joven de 22 años, que recibió más de 30 perdigones de metal en el estómago, durante las protestas en Cusco. Con él, suman 49 los civiles ejecutados por las fuerzas del orden durante el régimen de Dina Boluarte”, tuiteó el organismo.
Ruth Luque, congresista de Cambio Democrático-JPP, lamentó el fallecimiento del estudiante y responsabilizó a “este gobierno”.
“Acabo de recibir la triste noticia del fallecimiento de Rosalino Flores. Su cuerpo no resistió más. Mi solidaridad y condolencias a su familia. Un nueva muerte carga este gobierno. Rosalino tenía 22 años, cuyos sueños fueron arrebatados por este gobierno”, escribió en Twitter.
En la víspera, la legisladora informó que el joven se encontraba en estado crítico y que venía siendo alimentado por vía intravenosa. Además, comunicó que la madre de Rosalino llegó desde Cusco con la esperanza que esté pueda recuperarse en algún momento.
Cifra total
De acuerdo a un reciente informa de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de las protestas sociales a nivel nacional, hasta la fecha sumaban 66 los fallecidos. Con la muerte de Rosalino Flores, esta pasó a 67.
La institución detalló que son 48 muertos civiles en enfrentamientos, 11 fallecidos civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo y 7 miembros de las fuerzas del orden fallecidos (1 policía y 6 militares) en el contexto del conflicto.
Preocupante panorama
El último reporte de la organización Human Rights revela un panorama desalentador de la realidad de los derechos humanos que se vive en el país. Así menciona que han recopilado información respecto a que se han producido homicidos ilegítimos ejecutados por las fuerzas del orden durante las protestas sociales, amenazas constantes contra los periodistas, corrupción gubernamental grave y violencia de genero que no se investiga y sanciona.
“El Gobierno tomó medidas para investigar y, en algunos casos, enjuiciar o castigar a funcionarios públicos acusados de abusos y corrupción, incluidos funcionarios de alto nivel. No obstante, la corrupción y la percepción de impunidad continuaron prevaleciendo”, se lee en el documento.
En primer término, referido al respeto a la integridad de la persona, se menciona que “hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales”. Indica que el Ministerio de Salud (Minsa) reportó 28 muertes relacionadas con la primera ola de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte que se dieron en diciembre del año pasado.
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