Homicidos ilegítimos, amenazas a periodistas, corrupción y violencia de género en Perú: El reporte sobre DD.HH. de Estados Unidos

La grave crisis política y social en Perú sigue de cerca por la comunidad internacional. Tanto es así que en el último reporte de la organización Human Rights revela un panorama desalentador de la realidad de los derechos humanos que se vive en el país. Así menciona que han recopilado información respecto a que se han producido homicidos ilegítimos ejecutados por las fuerzas del orden durante las protestas sociales, amenazas constantes contra los periodistas, corrupción gubernamental grave y violencia de genero que no se investiga y sanciona.

“El Gobierno tomó medidas para investigar y, en algunos casos, enjuiciar o castigar a funcionarios públicos acusados de abusos y corrupción, incluidos funcionarios de alto nivel. No obstante, la corrupción y la percepción de impunidad continuaron prevaleciendo”, se lee en el prólogo del documento que detalla los problemas que percibieron sobre la nación sudamericana que ha tenido un clima muy convulsionado en los últimos siete años.

En primer término, referido al respeto a la integridad de la persona, se menciona que “hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales”. Indica que el Ministerio de Salud (Minsa) reportó 28 muertes relacionadas con la primera ola de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte que se dieron en diciembre del año pasado.

“Oficina del Fiscal General investiga si los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad fueron justificables y emprende acciones judiciales”, menciona. Además, recuerda que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vino al país por una invitación de la presidenta Boluarte.

La segunda sección del documento de Human Rights se menciona el respeto a las libertades civiles. En esa línea, se indica que recogieron las alertas emitidas por el Instituto Prensa y Sociedad, Asociación de Prensa Extranjera del Perú y Defensoría del Pueblo que denunciaron un “aumento de agresiones e intimidaciones a periodistas que cubrían campañas electorales locales y regionales, y en el marco de protestas de diciembre convocatoria a nuevas elecciones y otras demandas”.

Esta realidad, agregan, se apoya en el Informe Anual sobre Libertad de Prensa de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), publicado el 31 de diciembre, señaló que hubo 303 agresiones contra periodistas durante el año pasado.

“La mayor cantidad de incidentes ocurrió en diciembre (63) durante las protestas que pedían elecciones anticipadas tras la destitución de expresidente Castillo. Otros meses críticos fueron abril (34) durante los bloqueos agrícolas, y septiembre (28) antes de las elecciones regionales del 2 de octubre. La mayoría de los objetivos de los medios comprendían la prensa digital, seguida de la televisión, la radio y la prensa”, se lee en esta parte del documento.

“Dos tercios de los casos fueron agresiones físicas o verbales. El tercio restante involucró hostigamiento, intimidación y amenazas. Los ciudadanos particulares representaron a la mayoría de los presuntos agresores, pero también participaron funcionarios del gobierno y agentes de seguridad”, agrega.

El tercer punto que aborda Human Rigths trata sobre la libertad para participar en el proceso político en el Perú. Así, recuerda los intentos de la excandidata Keiko Fujimori por tratar de bloquear la legitimidad de la victoria electoral de Pedro Castillo en los comicios generales de 2021.

Además, enfatiza que Dina Boluarte asumió el poder de manera constitucional tras el fallido autogolpe de Estado de Castillo contra el Parlamento el 7 de diciembre del año pasado.

La cuarta parte se refiere a la corrupción y falta de transparencia en el Gobierno.

“A partir de septiembre, la procuradora general Liz Patricia Benavides Vargas estaba investigando seis casos de corrupción con la supuesta participación del expresidente Castillo y otros miembros de alto nivel o exmiembros del gobierno, y se presentaron cargos adicionales en diciembre luego de que el expresidente Castillo intentara unilateralmente disolver el Congreso”, señala respecto a las medidas que tomó la fiscal de la Nación contra el exjefe de Estado.

En el quinto punto trata sobre la postura gubernamental hacia la investigación internacional y no gubernamental de presuntos abusos de los derechos humanos. La sexta se menciona la discriminación y los abusos sociales que existe en la sociedad peruana contra la mujer.

“Durante el año [2022], la Defensoría del Pueblo inició el seguimiento de casos de mujeres y niñas desaparecidas en informes mensuales. A septiembre, la Defensoría del Pueblo reportó 3.528 casos de mujeres desaparecidas y no encontradas entre enero y septiembre, un aumento del 22 por ciento en comparación con los primeros nueve meses de 2021. De las personas desaparecidas, el 68 por ciento eran niñas y adolescentes”, detalla.

“La violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los abusos sexuales, físicos y psicológicos, era un problema nacional grave y poco denunciado. A septiembre, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que el 71 por ciento de las mujeres víctimas de violencia no presentaron cargos formales”, agrega.

“Las fiscalías provinciales están obligadas por ley a incorporar a las sobrevivientes de violencia sexual al Programa Nacional de Atención a Víctimas y Testigos o solicitar al tribunal las medidas de protección requeridas; sin embargo, una ONG informó que el 15 por ciento de los fiscales penales no hicieron estas solicitudes”, acota.