Violencia de género: su impacto económico en el Perú y el desempeño de programas en torno a las mujeres

En distintas etapas de sus vidas, desde la infancia hasta la adultez, las mujeres enfrentan una serie de impedimentos o ataques que afectan su integridad.

Según el ámbito que se mencione, en este sentido, se reportan constantes cifras desfavorables hacia el sector femenino. Solo en el rubro económico, se estima que la brecha salarial de género se cerrará en cincuenta años, según el Instituto Peruano de Economía (IPE).

“En el área rural en el Perú, tras un estudio en octubre y noviembre del 2022, se evidenció que por cada 77.5 soles que gana una mujer, el varón gana 100. Eso arroja una brecha de ingresos del 22.5%”, comentó Natalia Manso, especialista en género, en diálogo con Infobae Perú.

Contrario a lo que podría pensarse, la violencia de género -en sus distintas variantes- no solo atañe a las víctimas, sino a cada sociedad donde se manifieste. En el marco del Día Internacional de la Mujer 2023, este ocho de marzo, aún hay mucho trabajo por hacer.

El costo de la violencia de género: efectos económicos

Más cifras. Este medio conversó con Natalia Manso, profesora de Pacífico Business School, sobre esta problemática y su impacto económico en el país.

La especialista detalló que solo en el emporio comercial de Gamarra, tras un estudio entre las microempresarias, se evidenció que al menos el 45% de mujeres afirmó haber sido víctima de violencia. Por esta situación, agregó, se calculó una pérdida promedio de 59 días de trabajo, según la Universidad San Martín de Porres (USMP).

En relación a las empresas o empredimientos, Manso también precisa que poco sirve una mayor apertura a la población femenina si no se trabaja en el clima laboral. Rescata, sin embargo, las diversas iniciativas presentadas.

“Algunas empresas, quizás por moda, decidieron que había que ingresar a más mujeres en el directorio o tener a más mujeres gerentes, pero no trabajaron con la cultura organizacional. Si me obligo a tener un 30% de mujeres en puestos de liderazgo, pero sigo con un ambiente machista y discriminatorio (…) entonces esas mujeres, finalmente, se irán”, señaló.

Por otro lado, en Villa El Salvador (VES) pudo conocerse -a través de un estudio realizado por Naciones Unidas- que cada mujer pierde entre S/1100 y S/1700 al año debido a incidentes de violencia, incluso aquellas que no perciben ingresos propios.

“En VES significa una pérdida acumulada de S/105 millones al año, las cuales están principalmente asociadas a costos de atención médica, acceso a la justicia y protección personal, entre otros”, se recoge del documento elaborado en el 2018.

El análisis, realizado a mujeres entre 18 y 65 años, también recogió que tres de cada cuatro mujeres en el distrito sobreviven a algún tipo de violencia.

Puntualmente, en el 2018 se reportó un costo de S/. 240.8 millones para la comuna, un equivalente a USD 72.9 millones. En este panorama, además, se señaló que el 44.7% de estos costos los asumen las mujeres agredidas, el 11.1% sus hogares y el 44.2% la comunidad.

“El último estudio que hubo de monetización [a nivel nacional] del costo de la violencia es del 2013. Se arroja un valor absoluto de 6700 millones de dólares que es o era 3.7% del PBI de ese momento. Es una barbaridad. Ni el mayor proyecto minero otorga un incremento así”, sostuvo Natalia Manso.

Desigualdad: brechas pendientes y programas sociales

Elizabeth Zea, docente y especialista en derechos humanos, indicó a Infobae que la ejecución de gasto de algunos programas presupuestales, orientados a beneficiar a las mujeres, no se gestionan adecuadamente.

“El gasto corriente sigue yendo a temas administrativos, alquiler de locales, entre otros, y muy poco se invierte en la prevención de la violencia contra la mujer. El Estado Peruano aún lo no lleva [la prevención] a instancias de un gasto eficiente. Por ejemplo, en temas educativos, de empleo, trabajos con la comunidad en su conjunto, en el sector de empleo tanto privado como público, etc.”, destacó.

En este marco, sobre la cobertura de los programas sociales en el país, Zea resaltó que una población “mayoritariamente invisible” en este ámbito son las mujeres ‘cabezas de familia’, un sector “muy poco mapeado”.

“Tenemos el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), sin embargo, se necesita una reingeniería en esta instancia. Cuando se focalizan los programas sociales a favor de las madres que son las jefas de hogar, se observa que estas se dan en menor proporción que a los hombres”, detalló.

Además, sostuvo que solo el 24% de los hogares donde hay una mujer ‘cabeza de familia’, en el programa alimentario que destina almuerzos escolares a hogares con niños menores de edad, obtiene esta ventaja. Del otro lado, comentó, los hombres se benefician en un 28%.

“Debe haber una reingeniería respecto al tema del monitoreo en el SISFOH. Los casos donde se evidencia más el problema se dan en las ollas comunes, por lo que veo. Hay mujeres a cargo del comedor, de la olla, de los hijos y además también tienen una actividad económica. Muchos de estos hogares no resultan más accesibles a programas sociales, y eso es algo en lo que el Estado todavía debe de trabajar”, manifestó.

La Directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la USMP aseguró que mientras estos sistemas “no reflejen esa realidad”, las políticas públicas y eventuales estrategias pueden derivar en un simple “saludo a la bandera”.