
La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inició investigación preliminar contra el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Alfonso Adrianzén, y el presidente de EsSalud, Aurelio Orellana, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Las diligencias también comprometen a la funcionaria Grika Asayag O’Besso, investigada por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.
La empresaria del rubro educativo se desempeña actualmente como asesora principal de la presidente de la república, Dina Boluarte, organiza la agenda presidencial y ha participado en la elección de algunos miembros del Gabinete Ministerial, según el semanario Hildebrandt en sus trece.
La indagación corresponde al presunto interés indebido en el pago de S/ 41´000,520 por parte de EsSalud a la empresa Aiona Technology Corporation SAC, que obtuvo en el 2020 la buena pro en el procedimiento de adquisición de un millón de pruebas rápidas.
No es la única investigación que el ministro Adrianzén alberga en el Ministerio Público. El último catorce de febrero, la Fiscalía abrió una carpeta en contra del funcionario por su supuesta autoría del delito de colusión agravada.
Este procedimiento también incluye al premier Alberto Otárola, a quien se le atribuye el rol de “instigador”, debido a la contratación de su excuñada -Carola Gisella Rodríguez Bringas- al interior de la cartera liderada por Adrianzén.
La mujer también figura como presunta cómplice del mencionado delito. De acuerdo con el citado semanario periodístico, esta fue contratada el pasado 21 de enero como asesora II del Despacho Ministerial.
“En relación a denuncia, aclaro de manera contundente que no he intervenido en esta designación. Hace varios años que no tengo contacto con la Dra. Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada. Prestaré toda mi colaboración para que el asunto se aclare”, comentó Otárola al respecto.
Mientras tanto, el titular del Misterio de Trabajo también usó sus redes sociales para referirse sobre el tema. En su publicación, rechazó recibir alguna “indicación o recomendación” del jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para la citada designación.
Además, sostuvo que en el Gobierno de Boluarte Zegarra no existe “delincuentes”.
“Ya explicamos cómo se dio la contratación de mi asesora. Si la Fiscalía de la Nación considera relevante aclararlo más, así lo haré. Yo no recibí ninguna indicación o recomendación del Premier para designarla. A diferencia de otras oportunidades, en esta gestión no hay delincuentes”, afirmó Adrianzén Ojeda.
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