El Ministerio de Relaciones Exteriores saludó este miércoles la autorización de Estados Unidos para efectuar la extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) por delitos de corrupción, tal como informó la Fiscalía.
A través de un comunicado, la Cancillería señaló que la determinación, comunicada por “vía diplomática”, “es un reconocimiento a la plena vigencia de las instituciones en el Perú, así como la independencia del sistema de justicia y el firme compromiso del Estado en la lucha contra la corrupción y la impunidad”.
E tanto, el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, señaló que el exmandatario, ya notificado, tiene la posibilidad de entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses y facilitar el proceso judicial para su retorno al país.
Residente en Estados Unidos, Toledo fue detenido en julio de 2019 por acusaciones de corrupción en su país y se encuentra en prisión domiciliaria en su vivienda en California, vigilado con un grillete electrónico.
Los fiscales piden una pena de cárcel de 20 años y seis meses contra el exjefe de Estado, quien admitió que Odebrecht pagó al menos 34 millones de dólares y que recibió parte de ese dinero. No obstante, afirma que es inocente y que fue un fallecido empresario, Josef Maiman, quien se encargó de esos negocios.
El expresidente forma parte de la lista de exmandatarios peruanos con procesos judiciales o condenados por corrupción: Alberto Fujimori (1990-2000), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022).
Apelación
Silvana Carrión, procuradora Ad Hoc para el caso Lava Jato, anunció que la defensa legal de Toledo presentará un recurso de apelación ante la Corte del distrito Norte de California para pedir la suspensión del proceso en su contra.
Además, indicó que la Fiscalía cuenta con “elementos sólidos” que demostrarían la culpabilidad de Toledo en los presuntos casos de corrupción y lavado de activos.
En esta jornada, el Gobierno estadounidense solicitó a la Justicia del país revocar la libertad bajo fianza del expresidente para concretar su extradición al Perú.
La prisión preventiva “es necesaria” para ejecutar la orden del secretario de Estado, Antony Blinken, pese a que no existen impedimentos legales para la entrega a las autoridades peruanas, señala el documento difundido por El Comercio.
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