Rechazan prisión preventiva contra Vladimir Cerrón pese a que incumplió reglas de conducta, según la Fiscalía

Volvió a comunicarse con al menos tres testigos de su caso, no pagó la caución de veinte mil soles impuestos por el Poder Judicial y tampoco pasó por control biométrico, según la Fiscalía, pero continuará bajo la modalidad de comparecencia con restricciones.

El último lunes veinte de febrero, el juez Leodán Cristóbal Ayala rechazó el pedido del Ministerio Público -a cargo del fiscal Richard Rojas Gómez- para revocar dicha medida contra Vladimir Cerrón e imponerle una prisión preventiva de 36 meses.

El secretario general de Perú Libre (PL) es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal -en calidad de líder- en el marco del caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

Durante la audiencia, el magistrado Cristóbal Ayala le indicó al fiscal del caso que pudo pedirle al investigado el cumplimiento de las reglas -sentenciado hasta en dos oportunidades por delitos contra la administración pública y colusión- antes de solicitar la revocatoria directa de la comparecencia.

“(Se le solicita) de forma expresa al investigado Vladimir Cerrón Rojas a que cumpla en lo sucesivo con cada una de las reglas de conducta a la que se encuentra obligado”, exhortó el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

No es la primera vez que la entidad pide variar este régimen. La misma exhortación se realizó en enero del presente año, sin embargo, el Poder Judicial ratificó la resolución de esta medida.

Sobre el impedimento de comunicarse con los testigos de la investigación, el Ministerio Público había denunciado que Cerrón se contactó con al menos tres de ellos: Rubén García de la Cruz, Cliford Quispe Gamarra y Clever Mario Mercado Méndez.

Entre las normas que debía cumplir el fundador de PL se encontraban la prohibición de ausentarse de su localidad de residencia, no salir del país, reportar e informar al juzgado mensualmente sus actividades, no contactar a coinvestigados -testigos y peritos- y pagar S/20 mil de caución.

Al finalizar la audiencia, el fiscal Richard Rojas informó que la Fiscalía de la Nación apelará la decisión del juez Cristóbal Ayala.