La Defensoría del Pueblo interpuso este viernes una denuncia penal por extorsión ante el Ministerio Público en agravio suyo y de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), luego de las “graves declaraciones” del alcalde Rafael López Aliaga sobre pedido de pasajes para manifestantes a cambio de evitar “vandalismo”.
“He recibido llamadas de personajes ligados a la Defensoría planteándome evacuar mil personas, y que la ‘Munilima’ pagara mil pasajes, a 150 soles por pasaje, para que ya no hubiera más vandalismo criminal en el centro de Lima. El daño que han hecho es millonario”, remarcó el burgomaestre en la víspera, tras sostener un encuentro con la presidenta Dina Boluarte.
“Rechazamos tajantemente cualquier acción dirigida a solicitar donativos o dádivas que tuvieran como finalidad el favorecimiento o apoyo económico a manifestantes. Este tipo de acciones se encuentran fuera del marco legal y su realización es de naturaleza ilegal”, continuó.
Defensoría también advirtió que “pretender solicitar apoyos económicos por personas inescrupulosas, busca desprestigiar y deslegitimar la labor realizada por nuestro personal y representantes”; en ese sentido, “no realiza ningún tipo de gestión ante instituciones públicas o privadas a favor de ninguna persona fuera del marco de nuestras competencias constitucionalmente asignadas”.
“Invocamos a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos, para lo cual ponemos a su disposición todos nuestros canales de atención”, zanjó la misiva.
Durante horas, los manifestantes se enfrentaron a la Policía desplegada en la zona y la hicieron retroceder hasta retirarse de la Plaza San Martín, cuando las llamas comenzaron a arrasar el edificio en un sector con muchas casonas históricas construidas en parte con madera.
Zona intangible
La semana pasada, el Concejo Metropolitano acordó declarar intangible el Centro Histórico de Lima, con lo cual quedan prohibidas las manifestaciones y concentraciones en 10.32 km² de la zona.
En esta área se encuentran, entre otros inmuebles representativos, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, las plazas Mayor, San Martín, Bolívar, 2 de Mayo y Ramón Castilla, el Congreso de la República, la alameda de los Descalzos, el cuartel militar Barbones, los hospitales Almenara, María Auxiliadora y Arzobispo Loayza y el Instituto Superior Tecnológico José Pardo.
El acuerdo encarga a distintos organismos de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) proteger la intangibilidad y trabajar en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio de Cultura.
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