Fiscalía inició 11 investigaciones por 54 muertes en protestas antigubernamentales

La Fiscalía también ordenó el inicio de 18 investigaciones por lesiones de personas, así como la apertura de 105 carpetas fiscales para investigar a quienes presuntamente habrían cometido delitos de resistencia a la autoridad

Guardar
El Ministerio Público garantizó que
El Ministerio Público garantizó que las investigaciones se realizarán con “estricto respeto a las leyes” y la defensa de los derechos humanos con “orden, firmeza y celeridad”

El Ministerio Público informó este jueves que inició 11 investigaciones fiscales desde diciembre del 2022 por las 54 muertes ocurridas en las movilizaciones que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, con la finalidad de determinar a los responsables.

La Fiscalía detalló que, producto de los enfrentamientos en las protestas, hubo 47 fallecidos, 46 manifestantes y un policía, así como 793 heridos, de los cuales 435 son civiles y 358 agentes de la Policía Nacional.

La cartera también emprendió 18 investigaciones por lesiones de personas en el contexto de las manifestaciones, así como la apertura de 105 carpetas fiscales para investigar a quienes presuntamente habrían cometido delitos de resistencia a la autoridad, disturbios, contra la tranquilidad pública, entre otros.

En el marco de las protestas, la Fiscalía registró 639 detenidos, de los cuales 53 cumplen detención preliminar y ocho se encuentran con prisión preventiva.

Fuente: TV Perú

Según el comunicado, el Ministerio Público garantizó que las investigaciones se realizarán con “estricto respeto a las leyes” y la defensa de los derechos humanos con “orden, firmeza y celeridad”.

Boluarte, investigada por genocidio

Lo reemplazó Boluarte, su vicepresidenta, investigada por la fiscalía por genocidio. Gobernadores regionales y varios colegios profesionales se han sumado a las voces que piden su renuncia, cuando el país vive su décimo día consecutivo de protestas después de la tregua de fin de año.

Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.