En un comunicado conjunto publicado este jueves, los ministerios de Defensa e Interior anunciaron que la Policía Nacional (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas, “efectuará el desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia” y tomadas por los manifestantes que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
Las carteras pidieron a los protestantes a que desistan de “estas medidas ilegales” y permitan “el desbloqueo pacífico” para “evitar enfrentamientos con las fuerzas del orden, que actuarán en defensa de la legalidad, en el marco del artículo 137 de la Constitución”.
Defensa e Interior señalaron que se trata de “un acto ilegal contra la libertad de tránsito, la cual constituye un derecho fundamental (...) y que garantiza la facultad de toda persona para transitar por el territorio nacional”.
“El Código Penal, en su artículo 200°, tipifica como delito de extorsión a quienes, con violencia o amenaza, toman locales, obstaculizan vías de comunicación, impiden el libre tránsito o perturban el normal funcionamiento de servicios públicos, y establece como sanción entre 5 y 10 años de pena privativa de la libertad”, advierte el comunicado.
“El bloqueo de carreteras ha ocasionado, además, escasez y alzas en los precios de alimentos de primera necesidad y combustible [en Cusco, Arequipa, Tacna y Puno]. En algunas regiones, incluso, está poniendo en riesgo el suministro de agua potable, lo cual afecta principalmente a las y los peruanos más pobres”, matizó.
Con protestas que no cesan, los bloqueos también han provocado un fuerte aumento de precios en productos básicos, que afecta a las poblaciones más vulnerables del país.
El jefe de gabinete, Alberto Otárola, anunció la implementación de un puente aéreo a Madre de Dios, que permitirá llevar cinco toneladas de alimentos para paliar el desabastecimiento que viene causando el bloqueo de la vía Interoceánica, carretera que conecta la costa sur de Perú con ciudades brasileñas.
Represión sin precedentes
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos pidió el cese de la violencia policial en las protestas, sobre todo el sur andino, regiones que apoyaron al gobierno del destituido expresidente Pedro Castillo
Boluarte dijo a comienzos de semana que reconocía el derecho a la protesta y reiteró su “perdón” por los fallecidos en esta crisis que vive el país desde que asumió la presidencia el 7 de diciembre.
“Yo también he salido a marchar por justas luchas laborales y estudiantiles, pero las protestas no pueden venir acompañadas de violencia, destrozos y muerte”, apuntó.
“¿Qué hacemos frente a las amenazas? ¿Dejamos que nos quemen vivos como quemaron al policía en Puno y que incendien nuestras casas? Tenemos que proteger la vida de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú”, remarcó.
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