La Policía Nacional (PNP) detuvo el jueves en Ayacucho a Rocío Leandro Melgar, alias ‘camarada Cusi’, quien era presidenta del Frente de Defensa (Fredepa) y, según el exdirector de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), José Baella Leandro, “forma parte de Sendero Luminoso”. La diligencia también acabó con la captura de Estefany Alanya Quispe, vicepresidenta del Fredepa.
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Ambas mujeres detenidas y otras cuatro personas son acusadas por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública y paz pública, en la modalidad de disturbios en agravio del Estado peruano, Ministerio Público y otros.
En la operación de detención participaron agentes de la Dircote y efectivos de la VIII Macro Región Policial Ayacucho. Todos los detenidos fueron trasladados a Lima.
Según los registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Rocío Leandro se afilió al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, el 29 de febrero de 2011.
Ayacucho, primer epicentro de muertes
Ayacucho fue una de las primeras regiones donde se registraron muertes, en diciembre de 2022, en medio de las manifestaciones que estallaron luego de que Castillo intentó dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre, cerrar el Parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto.
En un intento de toma del aeropuerto de Ayacucho fue contenido por el Ejército y dejó ocho fallecidos, según Defensoría, que pidió una investigación penal, debido a los reportes de disparos directos al cuerpo por parte de militares. Entre las víctimas hubo menores de edad.
El Ministerio Público informó en su cuenta de Twitter que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso iniciar la investigación preliminar contra Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Asimismo, contra “Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior”.
La investigación preliminar es por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, precisó el Ministerio Público.
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Aldo Mariños señaló que la Fiscalía no acudió a la zona durante todo el 31 de diciembre y que, incluso, al mediodía del 1 de enero aún no se había hecho presente en el lugar del crimen
