Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia audiencias en Panamá

El 197 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se instaló este lunes en Panamá con una agenda que, a lo largo de la semana, abordará la situación de los derechos humanos en más de una decena de países del continente.

El organismo recibirá información sobre justicia, migración, seguridad ciudadana y protección de grupos vulnerables.

La sesión reúne audiencias temáticas y de país que van desde la independencia judicial en Costa Rica, Ecuador y Perú hasta la regulación de la pena de muerte en Cuba.

El cronograma también contempla el control digital del espacio cívico en Venezuela y el impacto de la minería crítica para la transición energética en una audiencia de alcance regional.

El 197 Período de Sesiones de la CIDH es un ciclo de audiencias públicas en el que el organismo interamericano escucha a Estados y sociedad civil sobre situaciones de derechos humanos en la región.

No constituye un juicio ni determina responsabilidades estatales, pues su función es de diálogo y seguimiento de los compromisos asumidos por los países miembros.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, centró parte de su intervención en el fenómeno de la migración irregular.

“La gestión de las fronteras debe atender las responsabilidades de los Estados, sobre todo, la de mantener la seguridad pública, pero, así mismo, garantizar la protección de las personas, especialmente los niños”, señaló.

El canciller agregó que la cooperación entre países “debe ayudar a enfrentar las causas del desplazamiento en los países de origen, así como los peligros del tránsito, con respeto a la dignidad de quienes migran y la seguridad de las comunidades que los reciben”.

Para Martínez-Acha Vásquez, el derecho internacional “es un instrumento esencial para defender nuestra independencia y soberanía”.

El funcionario sostuvo que la vigencia de los derechos humanos exige instituciones independientes y una ciudadanía capaz de exigir cuentas a sus gobernantes.

El jefe de la diplomacia panameña planteó además que la libertad de expresión debe permitir “cuestionar a quienes gobiernan” y que el debido proceso tiene que proteger a todas las personas.

Mencionó de forma específica a los pueblos indígenas y afrodescendientes como comunidades que deben poder incidir en las decisiones públicas.

El canciller recordó que la CIDH, fundada en 1959, realizó cuatro visitas a Panamá: en 1977, 1989, 1990 y 2001. También subrayó que las relatorías temáticas y especiales del organismo tuvieron presencia previa en el país.

Para Martínez-Acha Vásquez, recibir a la Comisión “implica la voluntad de escuchar a las víctimas y a la sociedad civil, de examinar las observaciones con seriedad y de responder a ellas mediante instituciones que funcionen”.

El presidente de la Comisión, Edgar Ralón Orellana, abrió su intervención con un mensaje de solidaridad hacia las personas afectadas por el reciente terremoto en Panamá.

“Acompañamos en pensamiento a quienes han sufrido sus consecuencias, y reconocemos el esfuerzo de las instituciones y del pueblo panameño para atender la emergencia”, añadió.

Ralón Orellana destacó que el país anfitrión “abre sus puertas al diálogo regional”, pese a la adversidad reciente.

“Panamá, puente del mundo, nos recuerda que la tarea de esta Comisión es, precisamente, tender puentes: entre los Estados y la sociedad civil, entre las normas y la realidad, entre las preocupaciones y las soluciones”, afirmó.

Sobre la naturaleza de las audiencias, el presidente de la CIDH fue categórico. “No son un juicio, ni un instrumento para atribuir responsabilidad a ningún Estado. Son, ante todo, un ejercicio de escucha”, señaló ante los asistentes a la instalación del período de sesiones.

El funcionario explicó que los encuentros también sirven para recordar “las obligaciones que los propios Estados han asumido soberanamente al adoptar los instrumentos interamericanos”.

Expresó el deseo de que cada persona que tome la palabra “se sienta escuchada” y cada Estado compareciente “se sienta respetado”.

En materia de justicia e institucionalidad democrática, el calendario contempla audiencias sobre el acceso a la justicia en Granada, la labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado en Perú.

La Comisión también escuchará sobre personas defensoras de derechos humanos en México, la situación de personas LGBTIQ+ en Centroamérica y denuncias de adopciones irregulares y tráfico de menores en Chile. Se sumarán audiencias sobre el pueblo raizal en Colombia y mujeres privadas de libertad.

En el terreno de las libertades fundamentales, el organismo tratará la libertad de expresión y académica en Estados Unidos, la libertad religiosa en Nicaragua y la institucionalidad democrática en Ecuador.

También figuran en la agenda los derechos sexuales y reproductivos en Honduras y la violencia obstétrica en el acceso a la salud y la justicia.

El capítulo de seguridad ciudadana incluirá la situación de personas privadas de libertad bajo el estado de excepción en El Salvador, la responsabilidad penal adolescente en Brasil y los estándares policiales en comunidades de la Amazonía brasileña.

El cronograma cierra con una audiencia sobre las obligaciones internacionales de empresas extractivas canadienses y su impacto en los derechos humanos.