Panamá reporta 268 operaciones del programa de residencia por inversión

Panamá certificó 268 operaciones de residencia por inversión entre julio de 2025 y junio de 2026, frente a las 193 registradas en el período anterior.

El monto total pasó de $90,1 millones a 268 certificados por $113,6 millones, según datos del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), entidad que certifica estas inversiones.

El 87,3 % de esos certificados correspondió a compras de inmuebles.

La residencia por inversión en Panamá es una de las opciones más atractivas para que los inversores internacionales obtengan residencia legal en una jurisdicción estable y favorable para los negocios.

Colombia figura entre los países de origen de esos inversionistas, y ya en 2024 el MICI señalaba a Colombia y Estados Unidos como líderes de las inversiones calificadas del programa.

Valor Development, desarrolladora de origen colombiano que construye en Ciudad de Panamá desde 2012, presentó hace poco su portafolio a inversionistas, señalando que el reto del comprador ya no es solo elegir dónde invertir, sino entender las reglas vigentes a ambos lados de la frontera.

“Acompañamos a inversionistas colombianos que compran en Panamá y vemos que las mejores decisiones no parten del precio, sino de preguntas como quién respalda el proyecto, cómo se protegen los pagos y qué obligaciones se adquieren en ambos países”, afirmó la directora comercial para Colombia de Valor Development, Adelaida Restrepo.

El cambio normativo llegó en septiembre, justo cuando el programa mostraba este crecimiento. Desde entonces, la inversión mínima exigida es de $300.000 para vivienda nueva de primera venta y de $500.000 para propiedades de reventa, de acuerdo con el MICI.

El decreto también habilitó un depósito a plazo fijo de $500.000 en el Banco Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros, las dos entidades bancarias estatales del país, según otra comunicación del MICI.

El solicitante debe demostrar, en cualquiera de las dos vías, que el dinero proviene del exterior. Las cifras oficiales se publican en balboas, la moneda panameña que mantiene paridad con el dólar, según confirma la Superintendencia de Bancos de Panamá, el regulador bancario del país.

Valor Development recomienda que un abogado revise el texto vigente del decreto antes de comprometer recursos, dado que la normativa cambió hace poco.

Se indica que en una preventa, es decir, la compra sobre planos antes o durante la construcción, el comprador depende de la solvencia del promotor y de cómo se resguardan sus pagos. La compañía sugiere pedir la trayectoria de la empresa, revisar los proyectos ya entregados y verificar los permisos de la obra.

También recomienda preguntar quién administra el dinero del proyecto, por ejemplo, un fideicomiso a cargo de una fiduciaria. La promesa de compraventa, el contrato en el que comprador y vendedor se comprometen a firmar la venta definitiva, debe leerse con atención en sus plazos, condiciones de entrega y financiación.

“Un comprador informado exige estas respuestas, y un desarrollador serio debe poder darlas por escrito”, añadió Restrepo.

La valorización de un inmueble en construcción es una expectativa, no una garantía, porque depende del mercado y de cada proyecto en particular.

Del lado panameño, la Dirección General de Ingresos (DGI), autoridad tributaria del país, incluye el arrendamiento de inmuebles entre los ingresos que pagan impuesto sobre la renta. Quien compra pensando en alquilar asume esa obligación fiscal desde el primer contrato.

“Por eso insistimos en que el inversionista hable con un asesor tributario antes de comprar, sobre todo si piensa alquilar”, dijo Restrepo.

La recomendación aplica tanto para quien busca la residencia por inversión como para quien solo busca renta inmobiliaria. Valor Development mantiene un portafolio de proyectos residenciales en Santa María, Costa del Este, Casco Antiguo y Costa Verde, además de desarrollos frente al mar en la zona de Playas.

La empresa insiste en que, con las reglas actuales tanto en Panamá como en Colombia, la decisión de compra exige revisar primero quién respalda el proyecto y qué obligaciones tributarias se adquieren a uno y otro lado de la frontera.