Panamá calcula que gastará menos de $100 millones por el terremoto y descarta utilizar su fondo de ahorro

El Gobierno de Panamá estima que los $100 millones autorizados para atender la emergencia nacional provocada por el terremoto del 9 de octubre serán suficientes para cubrir las necesidades identificadas hasta ahora.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que los cálculos preliminares están considerablemente por debajo de ese límite, aunque las autoridades continúan evaluando los daños.

Chapman explicó que la autorización del Consejo de Gabinete establece un máximo de $100 millones, pero no significa que esa cantidad vaya a gastarse completamente.

Según los análisis realizados hasta el momento, las necesidades financieras de la emergencia están lejos de alcanzar ese monto, por lo que el Ejecutivo considera que dispone de capacidad para responder.

El ministro también descartó, con la información disponible, solicitar a la Asamblea Nacional una dispensa de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. La decisión implica mantener el compromiso de reducir el déficit fiscal hasta el equivalente al 3,5% del producto interno bruto (PIB), pese a los gastos extraordinarios derivados del terremoto.

La posibilidad de solicitar una dispensa había generado interrogantes después de que el Gobierno incluyera esa alternativa en la resolución de emergencia. Sin embargo, Chapman sostuvo que los cálculos actuales permiten atender las consecuencias del desastre sin modificar la meta fiscal establecida para este año, aunque las estimaciones podrían cambiar si aparecen nuevas necesidades.

Otro asunto abordado fue la posibilidad de utilizar los recursos del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), una reserva financiera estatal destinada a enfrentar situaciones extraordinarias.

Chapman explicó que su utilización está sujeta a condiciones legales y umbrales económicos específicos, por lo que una declaratoria de emergencia no permite disponer automáticamente de ese patrimonio.

Entre las condiciones mencionadas figura que los daños ocasionados por una emergencia alcancen al menos el 0,5% del PIB, equivalente aproximadamente a $450 millones. El ministro aseguró que las estimaciones actuales no se acercan a esa cifra, razón por la cual el Ejecutivo no contempla solicitar recursos del Fondo.

Por su parte, el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) difundió un documento de preguntas frecuentes en el que aclaró que declarar una emergencia nacional no implica utilizar automáticamente sus recursos.

Explicó que la decisión depende de una evaluación financiera y del cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley, independientemente de la gravedad de los daños sufridos por la población.

El documento precisa que la falta de utilización del Fondo no significa que el terremoto haya sido menos grave, ni que el Estado carezca de recursos para responder. Las consecuencias sobre viviendas, servicios y comunidades requieren atención independientemente de su costo económico, mientras las instituciones responsables mantienen las labores de asistencia y recuperación.

El FAP también recordó que sus recursos no se entregan directamente a las familias damnificadas, porque su función es respaldar financieramente al Estado.

Cuando se cumplen las condiciones legales, el dinero se transfiere al Tesoro Nacional, desde donde las instituciones competentes pueden financiar las necesidades correspondientes a la emergencia.

Además, el comunicado señala que el Fondo mantiene una posición financiera sólida y está preparado para responder si las circunstancias lo requieren. En caso de que las evaluaciones identifiquen daños adicionales que justifiquen su utilización, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá iniciar los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan los requisitos legales.

El FAP fue creado para fortalecer la capacidad financiera del Estado frente a desastres y otras circunstancias extraordinarias. Durante la pandemia de COVID-19 transfirió $105 millones al Tesoro Nacional. Su funcionamiento permite preservar recursos para contingencias de mayor magnitud, mientras las instituciones públicas atienden emergencias mediante los mecanismos presupuestarios disponibles.

El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que Panamá dispone de diferentes instrumentos de protección financiera ante desastres naturales, entre ellos recursos presupuestarios, seguros catastróficos y líneas de financiamiento contingente. Si aumentan las afectaciones, podrían evaluarse nuevas alternativas de financiamiento, siempre bajo las condiciones legales correspondientes.

En paralelo, Chapman detalló la creación de dos fideicomisos para administrar recursos destinados a la recuperación. El primero funcionará en el Banco Nacional de Panamá y concentrará exclusivamente fondos públicos, incluidas posibles donaciones de organismos multilaterales y entidades financieras internacionales que contribuyan a financiar las intervenciones.

Estos recursos tendrán dos mecanismos principales de ejecución, según las necesidades identificadas en las comunidades. Uno será mediante instituciones del Gobierno central, como los ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Educación, encargados de reparar carreteras, puentes, escuelas y otras infraestructuras afectadas por el movimiento sísmico.

El segundo mecanismo permitirá transferir recursos a juntas comunales para atender necesidades específicas de la población. Chapman aclaró que los fondos no estarán disponibles automáticamente, sino que las autoridades locales deberán presentar solicitudes debidamente sustentadas, considerando que las afectaciones son diferentes en cada corregimiento.

Para este procedimiento ya fueron elaborados formularios ajustados a un manual de la Contraloría General de la República. Las solicitudes estarán sujetas a una revisión previa y los desembolsos tendrán una fiscalización rigurosa sobre su utilización, según explicó el titular de Economía y Finanzas.

El segundo fideicomiso será constituido en la Caja de Ahorros para recibir y administrar donaciones del sector privado. Chapman señaló que los aportantes han expresado especial interés en financiar soluciones habitacionales para familias que perdieron sus viviendas o cuyos inmuebles quedaron inhabitables después del terremoto.

El ministro insistió en que los recursos públicos y privados se mantendrán separados durante su administración, aunque ambos mecanismos deberán coordinarse para aumentar el alcance de la ayuda. El fideicomiso privado será gestionado principalmente por representantes del propio sector privado, con información del Estado sobre las comunidades más afectadas.

La coordinación permitirá orientar las contribuciones hacia necesidades concretas de reconstrucción y asistencia a las familias damnificadas, sin duplicar intervenciones. Chapman explicó que las instituciones encargadas de identificar daños compartirán información con los administradores de los fondos, mientras continúan las evaluaciones que determinarán el costo definitivo de la emergencia.