
J.P. Morgan considera que las recomendaciones presentadas por el Gobierno panameño sobre Cobre Panamá abren una vía más favorable para la reapertura de la mina de lo que inicialmente reflejó el anuncio oficial.
El banco mantiene como escenario base una reanudación de las operaciones bajo condiciones renegociadas, aunque advierte que todavía existen obstáculos capaces de retrasarla.
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El análisis fue publicado después de que la Comisión Interministerial entregara al presidente José Raúl Mulino su informe final sobre el futuro del proyecto minero. Los analistas Holt Williamson y Katherine Marney señalaron que las recomendaciones resultaron más favorables a una reapertura de corto plazo de lo sugerido inicialmente.
La diferencia surgió alrededor del concepto de “cierre ordenado”. Durante la presentación gubernamental, los ministros enfatizaron la necesidad de conducir el proyecto hacia un cierre progresivo, pero el documento completo plantea evaluar un acuerdo que permita poner nuevamente en marcha la operación para financiar precisamente ese proceso durante un período prolongado.
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El mercado reaccionó inicialmente con fuerza. Las acciones de First Quantum Minerals llegaron a caer hasta 31% durante la jornada, mientras se conocían las primeras declaraciones sobre el cierre de Cobre Panamá.
Posteriormente recuperaron parte de las pérdidas y terminaron aproximadamente 15% abajo, después de que el contenido completo revelara una posible ruta de negociación y reapertura.
Scotiabank fue más explícito al evaluar lo ocurrido y calificó de “confusa” la actualización ofrecida por el Gobierno. La entidad interpretó que los ministros estaban autorizando en la práctica conversaciones para reiniciar la operación, mientras que el cierre ordenado mencionado reiteradamente correspondería al final de la vida útil del proyecto y no a una clausura inmediata.
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J.P. Morgan llegó a una lectura similar sobre el horizonte de la mina. El banco señaló que el documento sugiere un esquema de operación de aproximadamente 25 años, seguido por las etapas correspondientes de monitoreo y cierre. Ese período resulta cercano a la vida útil promedio de una mina de cobre a cielo abierto.

Ese plazo, sin embargo, representa también uno de los principales focos de incertidumbre. J.P. Morgan advirtió que no está claro si los 25 años constituyen una posición inicial de negociación o una condición definitiva del Gobierno. First Quantum podría objetar el período propuesto y extender las conversaciones antes de alcanzar un eventual acuerdo.
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En un escenario de negociaciones prolongadas, el banco considera que el reinicio de las operaciones podría desplazarse hasta bien entrado 2027. A pesar de ese riesgo, mantiene la reapertura como su escenario central y asigna una probabilidad relativamente baja a un cierre definitivo sin reanudación previa de actividades.
La lectura financiera también está condicionada por el precio internacional del cobre. Desde el cierre de Cobre Panamá en diciembre de 2023, la cotización del metal habría aumentado alrededor de 70%, según J.P. Morgan.
Ese escenario modificaría sustancialmente los ingresos potenciales de una operación reactivada bajo un esquema con mayor participación económica del Estado panameño.
El banco estima que una combinación de precios elevados y mejores condiciones para Panamá podría mejorar las cuentas fiscales entre 0.5% y 1% del PIB. Antes del cierre, las regalías e ingresos asociados a la mina rondaban los $400 millones anuales, mientras la operación representaba directa e indirectamente alrededor del 5% de la economía.
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El impacto fiscal adquiere mayor importancia porque J.P. Morgan proyecta para Panamá un déficit cercano al 3.5% del PIB durante 2026. Una eventual recuperación de los ingresos mineros contribuiría a reducir esa presión, al tiempo que el futuro de Cobre Panamá continúa siendo observado por las calificadoras de riesgo soberano.
El Gobierno, por su parte, insiste en que todavía no existe una decisión definitiva. La Comisión recomendó evaluar un acuerdo que resuelva los arbitrajes internacionales pendientes y permita una puesta en marcha, pero estableció que la actividad deberá conducir hacia un cierre progresivo financiado por la propia operación y sin recursos públicos.
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Entre las condiciones planteadas figura que la huella territorial de la mina no aumente, sino que se reduzca progresivamente durante el período que llegue a establecerse. También deberá existir un fondo para garantizar el cierre, mecanismos independientes de verificación y una solución jurídica compatible con el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente José Raúl Mulino recibió las 17 recomendaciones y seis criterios elaborados por la Comisión y anunció que estudiará el documento antes de comunicar una decisión al país. El informe tampoco determina todavía la estructura jurídica, el calendario de reapertura ni las condiciones económicas que tendría que aceptar First Quantum para regresar.
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Para los bancos de inversión, precisamente esas definiciones marcarán la siguiente etapa. J.P. Morgan observa una ruta que acerca nuevamente a Cobre Panamá a la producción, pero reconoce que la negociación puede ser compleja.
Scotiabank coincide en que el documento permite conversaciones para reactivar la mina, mientras el Gobierno mantiene que cualquier acuerdo deberá priorizar el interés nacional y el cierre responsable.
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