La Procuraduría General de la Nación de Panamá capturó a un exejecutivo bancario señalado de presuntamente autorizar pagos irregulares de créditos fiscales dentro del denominado caso Pandora.
El operativo se suma a una causa que ya acumula más de veinte imputaciones y un perjuicio estimado en unos $40 millones contra el Estado panameño.
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Se informó que la diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada, con apoyo de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial.
El diario La Prensa identifica al exejecutivo bancario como Arnold Salgado Galeano, antiguo ejecutivo de BAC Panamá.
El sospechoso habría sido la persona que presuntamente desde una entidad bancaria daba luz verde a los desembolsos de los créditos fiscales manipulados.
A cambio, según la investigación, recibía beneficios económicos por facilitar esas transacciones.
Las autoridades lo localizaron durante un allanamiento en una residencia del sector de Condado del Rey, en la ciudad capital, donde se recuperaron equipos tecnológicos y documentos que ahora forman parte del expediente.
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El caso Pandora es una investigación penal que se desarrolla en Panamá sobre una red de funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y particulares que presuntamente manipuló el sistema e-Tax 2.0 para convertir pagos de impuestos ya realizados en créditos fiscales falsos, cederlos de forma irregular y generar un perjuicio al Estado.
La organización criminal estaba conformada por particulares y funcionarios de la DGI, el organismo que administra la recaudación tributaria en Panamá bajo dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas.
Entre sus funciones figuran la gestión de cuentas corrientes de los contribuyentes y la supervisión de los sistemas de facturación electrónica.
La plataforma e-Tax 2.0 funciona como el canal principal para declarar impuestos, pagarlos y gestionar créditos fiscales, tanto para personas naturales como jurídicas.
Según la hipótesis del Ministerio Público, la red eliminaba cuentas millonarias de contribuyentes que ya habían pagado al fisco y transformaba esos registros en créditos fiscales disponibles para apoderarse de ellos.
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Las pesquisas, apoyadas en auditorías internas de la DGI y en informes técnicos, identificaron al menos ocho grandes contribuyentes afectados. La mayoría de los créditos fiscales desviados terminaron en cuentas del BAC International Bank Inc.
De acuerdo con las autoridades los allanamientos que se han realizado hasta el momento permitieron reconstruir el presunto modus operandi de la organización.
A partir de esas diligencias se derivaron imputaciones contra más de veinte personas por blanqueo de capitales, delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos y falsedad de documentos públicos.
El fiscal Emeldo Márquez, de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, señaló en agosto que las diligencias desarrolladas hasta ese momento apuntaban a que el número de personas involucradas podría elevarse hasta 50 investigados.
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El funcionario agregó que el perjuicio económico también superaría la estimación inicial de $40 millones.
Márquez sostuvo además que la organización habría procurado no dejar rastro del dinero obtenido. Según su versión, parte de las ganancias se distribuyó en efectivo para dificultar su trazabilidad.
Hasta ahora la Operación Pandora constituye, según las autoridades judiciales, uno de los mayores casos de presunta manipulación de un sistema tributario digital en la historia reciente de Panamá. La causa expuso una red que combinó a funcionarios de la DGI con particulares del sector privado, incluido el bancario.
El impacto del caso ya se refleja en decisiones administrativas. La Dirección General de Ingresos anunció la sustitución de e-Tax por una nueva plataforma de última generación, en paralelo a una revisión del marco regulatorio que rige la cesión de créditos fiscales.
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