Ejecutivos de empresa proponen ajustes para fortalecer la reforma del sector eléctrico en Panamá

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) llevará a la Asamblea Nacional un paquete de recomendaciones técnicas para modificar el proyecto que reforma la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 y disposiciones de la Ley 26 de 1996, ambas vinculadas al sector eléctrico panameño.

El planteamiento surge de un trabajo articulado por la Comisión de Energía y Combustibles de la organización empresarial, que incluyó dos encuentros con actores clave del sistema eléctrico antes de fijar postura.

Entre los principales pedidos figura definir con precisión las causales que habilitan la intervención de empresas y fijar criterios legales para graduar las sanciones según su gravedad.

La Asociación también exige que se respeten las condiciones de los contratos vigentes y que se apliquen metodologías técnicas, públicas y auditables para calcular el valor justo de mercado.

“Panamá necesita una reforma que fortalezca la protección de los usuarios y contribuya a elevar la calidad del servicio eléctrico, pero que al mismo tiempo garantice reglas claras, proporcionalidad en las sanciones y estabilidad para las inversiones de largo plazo”, afirmó el presidente de la APEDE, Alberto López Tom.

López Tom agregó que los aportes de la organización buscan aportar equilibrio “desde una perspectiva técnica y responsable”.

La Asociación propone establecer períodos de adecuación para las disposiciones que exijan cambios en procesos, sistemas o inversiones. También plantea precisar qué constituye un “incumplimiento reiterado”, con el objetivo de reducir la discrecionalidad y la incertidumbre regulatoria para las empresas del sector.

En el capítulo de compra de potencia y energía, la APEDE recomienda que los actos de concurrencia se ejecuten de forma conjunta, bajo criterios de transparencia y eficiencia.

La organización plantea, además, que los costos de la electrificación rural se reconozcan mediante reglas claras y que se habilite el uso de distintas tecnologías según las condiciones de cada zona del país.

El documento, se indicó, surgió de un proceso de análisis impulsado por la Comisión de Energía y Combustibles de la APEDE, que organizó dos espacios de diálogo previos a la redacción del texto final.

El primero fue un conversatorio con la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, quien expuso los principales cambios contemplados en el proyecto de ley.

Después se realizó el encuentro “El futuro de la distribución y comercialización eléctrica en Panamá”, con representantes de las empresas del sector eléctrico ENSA y Naturgy, cuyos directivos compartieron con los representantes de la asociación sus perspectivas sobre los desafíos del sector.

A partir de esos dos encuentros se conformó una subcomisión especializada, encargada de revisar el proyecto artículo por artículo. La posición final fue consensuada y aprobada por la Junta Directiva de la Comisión de Energía y Combustibles.

La postura institucional de la APEDE no se limita a objeciones. El documento reconoce avances relevantes dentro del proyecto de reforma, entre ellos la reducción del plazo para atender reclamos de los usuarios.

También destaca la aplicación de créditos en factura cuando existan deficiencias en la calidad del servicio y la publicación de información sobre la capacidad y el estado de las redes eléctricas.

Se suman a esa lista el fortalecimiento de la electrificación rural y la consolidación de un texto único de la Ley 6, que unificaría en un solo cuerpo normativo las disposiciones vigentes.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa insistió en que la actualización del marco eléctrico debe construirse mediante un diálogo amplio entre autoridades, usuarios, empresas y especialistas.

El objetivo, según la organización gremial empresarial, es mejorar la calidad del servicio, fortalecer la institucionalidad y garantizar que el sistema eléctrico responda a las necesidades de crecimiento del país.