Panamá mantiene protegida el 54% de su superficie oceánica mediante 23 áreas marinas protegidas, mientras refuerza acciones para recuperar manglares, conservar especies y resguardar los ecosistemas costeros.
Estas medidas formaron parte del enfoque expuesto durante el XXI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar, COLACMAR 2026.
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El encuentro reunió a investigadores, profesionales, estudiantes e instituciones de América Latina y el Caribe para intercambiar experiencias sobre el estudio, la conservación y la gestión sostenible de los océanos.
El ministro de Ambiente encargado, Óscar Vallarino, planteó que el conocimiento científico debe trascender los espacios académicos e incorporarse a la toma de decisiones públicas. Su planteamiento apuntó a convertir los estudios y los monitoreos en medidas aplicables a la conservación y restauración de los entornos marinos.
“El puente que queremos fortalecer desde el Ministerio de Ambiente es la ciencia que genere conocimiento, el conocimiento que oriente decisiones y las decisiones que se traduzcan en acciones reales de conservación”, afirmó Vallarino.
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La autoridad ambiental sostuvo que esa conexión resulta necesaria para definir medidas de conservación, protección y seguimiento de los ecosistemas marinos y costeros. El objetivo consiste en que las investigaciones contribuyan a responder a los desafíos que enfrentan los océanos.
También puso el foco en las especies migratorias, cuya protección depende de acuerdos entre los países por los que transitan. Estos animales se desplazan por aguas bajo jurisdicción de distintos Estados, por lo que requieren el intercambio de información y programas de vigilancia coordinados.
La cooperación regional, según expuso, debe involucrar a científicos, instituciones y autoridades ambientales. Los esfuerzos conjuntos permitirían ampliar el conocimiento disponible y fortalecer las estrategias de protección de las especies marinas.
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El congreso incluyó simposios temáticos, conferencias magistrales, talleres especializados y sesiones destinadas a presentar investigaciones y experiencias. La programación buscó promover respuestas compartidas frente a las presiones sobre los ecosistemas oceánicos.
La participación de MiAmbiente como institución patrocinadora del evento reforzó el vínculo entre la producción científica y la gestión ambiental. El organismo acompañó un espacio regional orientado a trasladar el conocimiento técnico hacia iniciativas de conservación a escala nacional y latinoamericana.
Las acciones impulsadas durante el último año abarcaron la recuperación de manglares y la protección de ecosistemas marino-costeros. La iniciativa forma parte de la estrategia panameña para preservar su biodiversidad y mantener la salud de sus océanos.
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Recientemente se informó que Panamá invirtió $95.9 millones en distintos proyectos de ambiente, desarrollo sostenible y biodiversidad en el 2024, lo que equivale al 0.48% del presupuesto devengado del Sector Público No Financiero y al 0.1% del producto interno bruto (PIB).
Este financiamiento, identificado mediante el primer análisis del gasto público con impacto en ambiente y biodiversidad del país (BER), permitió apoyar la protección de áreas protegidas, la restauración de ecosistemas, la investigación científica y el uso sostenible de recursos naturales.
Estas actividades representan una inversión estratégica para Panamá, ya que contribuyen a conservar bosques, ríos y vida silvestre, al tiempo que protegen servicios esenciales como el suministro de agua, la producción de alimentos y la resiliencia frente a eventos climáticos.
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En este marco, la Iniciativa de Finanzas para la Biodiversidad, implementada en Panamá desde 2025 por el Ministerio de Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, busca mejorar la planificación, movilización y gestión del financiamiento para fortalecer la protección y el uso sostenible de los ecosistemas del país.
El Programa de Saneamiento de Panamá (PSP), es un ejemplo de cómo aplicar esta iniciativa. Esta información fue presentada en un acto en el que se dieron a conocer otros dos estudios: uno sobre el marco institucional y de políticas, y otro sobre subsidios e incentivos.
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