
El Gobierno de Panamá y la Autoridad del Canal de Panamá presentaron ante Citi una cartera de proyectos valorada en $8,500 millones, que incluye terminales portuarias, un gasoducto, un corredor logístico y el embalse de Río Indio, durante un encuentro realizado en Nueva York con 26 inversionistas.
La exposición fue encabezada por el presidente José Raúl Mulino y la administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta. La directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser, manifestó interés en fortalecer la relación del banco con Panamá, aunque recomendó preservar el grado de inversión frente a un mercado financiero más exigente.
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“Estamos aquí para apoyar a Panamá”, afirmó Fraser, quien calificó como “fenomenal” el desenvolvimiento de la economía panameña. La ejecutiva ofreció poner a disposición del país las capacidades globales de financiamiento y acceso a mercados de Citi, además de sus conexiones con inversionistas institucionales.
Ese respaldo, sin embargo, no representó un compromiso de financiamiento inmediato. Citi no anunció préstamos, montos, plazos ni condiciones para los proyectos presentados, tampoco identificó las iniciativas que estaría dispuesto a financiar. El ofrecimiento se concentró en facilitar la estructuración de operaciones y el acercamiento con posibles inversionistas.

Fraser combinó el interés comercial con una advertencia sobre las condiciones necesarias para acceder al capital. La ejecutiva recomendó que Panamá mantenga su calificación crediticia de grado de inversión, debido a que los programas internacionales de financiamiento serán cada vez más selectivos.
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Panamá conserva el grado de inversión con S&P Global y Moody’s, mientras Fitch mantiene al país en BB+, dentro de la categoría especulativa. Una reducción adicional de la calificación soberana podría encarecer el financiamiento, limitar la participación de algunos fondos internacionales y elevar las exigencias para respaldar nuevas infraestructuras.
La recomendación de Citi cobra importancia porque varios componentes del programa del Canal serían desarrollados mediante concesiones privadas. Además de su viabilidad técnica, las empresas deberán evaluar los riesgos financieros, regulatorios y ambientales, así como los ingresos esperados antes de comprometer recursos para construir y operar las nuevas instalaciones.
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Espino de Marotta presentó los principales proyectos de la ACP apenas dos semanas después de convertirse en la primera mujer en administrar la vía interoceánica. El programa busca garantizar agua y diversificar los negocios del Canal, mediante actividades portuarias, energéticas y logísticas que complementen los ingresos generados por los peajes.

Entre las iniciativas figuran las terminales de contenedores de Corozal, en el Pacífico, e isla Telfers, en el Atlántico. Ambas requerirían una inversión conjunta estimada en $2,600 millones y permitirían incorporar entre cinco millones y seis millones de TEU anuales a la capacidad portuaria disponible en Panamá.
La ACP calcula que la construcción de las terminales podría generar aproximadamente 8,100 empleos. Una vez operativas, aportarían cerca de 9,000 puestos directos, indirectos e inducidos, pero todavía no se han seleccionado los concesionarios encargados de desarrollar las instalaciones ni se conocen las condiciones económicas definitivas de los contratos.
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Otro componente es el corredor energético interoceánico, integrado por un gasoducto de 76 kilómetros y dos terminales marítimas. La infraestructura tendría capacidad para transportar hasta 2.5 millones de barriles diarios de propano, butano y etano entre ambos océanos, sin utilizar las esclusas del Canal.
La movilización terrestre de estos productos permitiría reducir el agua empleada en los tránsitos y abrir una fuente adicional de ingresos. La ACP proyecta más de 45,000 empleos durante la construcción del corredor energético y alrededor de 11,000 puestos durante su etapa operativa, aunque tampoco se ha escogido al concesiona

El embalse de Río Indio constituye la principal apuesta hídrica de la cartera. El proyecto contempla un lago con capacidad aproximada de 1,294 millones de metros cúbicos, destinado a reforzar el suministro para más de la mitad de la población y sostener las operaciones del Canal durante periodos prolongados de sequía.
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El presupuesto de la ACP para el año fiscal 2027 asigna $82 millones al avance de Río Indio. Esos recursos permitirán continuar los estudios, procesos ambientales y programas sociales, además de preparar los reasentamientos y la contratación de las obras, cuyo cronograma dependerá de etapas administrativas todavía pendientes.
La cartera incorpora igualmente un corredor logístico intermodal y un Port Community System, plataforma destinada a conectar en tiempo real a los participantes de la cadena de suministro. El sistema permitiría coordinar puertos, navieras, transportistas, operadores y entidades gubernamentales, con el objetivo de reducir trámites y agilizar el movimiento de mercancías.
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Mulino afirmó ante los inversionistas que la economía panameña creció 5.5% durante el primer semestre de 2026. También expresó su expectativa de superar la proyección anual de 3.8% atribuida al Fondo Monetario Internacional y presentó la estabilidad económica como respaldo para atraer capital privado hacia las iniciativas gubernamentales.

La agenda incluyó el tren Panamá-David, la Línea 3 del Metro, la ampliación de autopistas administradas por ENA, Petroterminal de Panamá, el muelle multipropósito de Puerto Armuelles y la interconexión eléctrica con Colombia y Ecuador, además de proyectos relacionados con salud, educación, tecnología y producción agropecuaria.
El siguiente desafío será convertir la cartera de $8,500 millones en licitaciones y contratos, mientras el país intenta conservar las calificaciones que todavía lo mantienen dentro del grado de inversión.
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