Las autoridades investigan presuntos abusos desde 2022 contra el niño de 10 años cuya muerte es investigada en Pedasí, provincia de Los Santos, y contra sus hermanos.
La carpeta del caso permanece bajo reserva con el objetivo de proteger a los menores involucrados.
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El Juzgado de Garantías de Los Santos ordenó la detención provisional de Luris Edith Cedeño, abuela materna de los niños, tras una audiencia que se extendió por más de dos horas en el Sistema Penal Acusatorio de la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos.
Informes de prensa indican que la mujer enfrenta cargos por maltrato al niño, niña y adolescente en modalidad agravada.
La medida cautelar se dictó dentro de una investigación que todavía no ha definido todas las posibles responsabilidades penales.
Durante la audiencia se abordaron actuaciones relacionadas con la muerte del menor, identificado en el material disponible como Jasset.
El caso fue manejado de forma preliminar como un supuesto suicidio, aunque las circunstancias siguen bajo investigación.
Liberia Cedeño, fiscal superior de Los Santos, explicó a los medios de comunicación que la diligencia incluyó varias solicitudes del Ministerio Público.
La primera correspondió a una incautación de datos con control posterior, y luego la jueza de garantías declaró legal la aprehensión de la imputada.
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La Fiscalía formuló los cargos y pidió la detención provisional, una solicitud que el tribunal acogió.
La defensa no presentó un recurso de apelación contra la medida, según indicó la fiscal superior. La imputada fue aprehendida el viernes por unidades de la Policía Nacional.
Este domingo, Cedeño llegó esposada y bajo custodia policial a la sede judicial de Las Tablas, donde se informó que la decisión judicial no cierra el expediente ni determina una condena, pues establece una medida cautelar mientras continúa la investigación penal.
La abogada particular Suky Yard confirmó que en la audiencia se abordaron hechos de maltrato que, según sostuvo, habrían ocurrido de forma reiterada desde 2022.
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Yard calificó la audiencia como compleja por las circunstancias que rodearon la vida de los menores. La abogada planteó que la pesquisa no debería limitarse a la situación de la abuela materna.
“Hay mucho más” por investigar, afirmó la defensora. A su criterio, el proceso podría incluir nuevas audiencias y otras personas podrían quedar vinculadas penalmente.
La defensa sostuvo que las autoridades deben profundizar en los antecedentes de los niños y en las decisiones que se tomaron respecto de su protección. La abogada cuestionó la actuación previa de instituciones que, según afirmó, conocían la situación de vulnerabilidad.
“No podemos mirar hacia otro lado”, expresó Yard al referirse a la responsabilidad institucional frente a posibles casos de maltrato infantil.
La jurista consideró que faltaron medidas puntuales para salvaguardar a los menores. También objetó la alternativa familiar que se eligió para su cuidado antes de la diligencia judicial.
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Según su planteamiento, una selección distinta de la familia de apoyo pudo haber modificado el escenario. Esa apreciación forma parte de la posición de la defensa dentro de un expediente que permanece reservado.
Los menores están actualmente bajo una alternativa familiar, de acuerdo con lo señalado durante la audiencia. La defensa adelantó que pedirá considerar a la abuela paterna como otra opción para asumir su cuidado.
El pedido se enfoca en revisar las medidas de protección vigentes para los hermanos del niño fallecido. La abogada insistió en que las instituciones estatales deben actuar con rapidez ante señales de vulnerabilidad infantil.
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La fiscal superior Liberia Cedeño señaló que el Ministerio Público continuará con las investigaciones. También remarcó la necesidad de preservar la integridad de los niños afectados por el proceso.
La fiscal no descartó nuevas actuaciones en la causa. Esa posibilidad coincide con lo anticipado por la defensa sobre eventuales diligencias y vinculaciones posteriores.
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