En Panamá un niño de 10 años muere de manera trágica afectado por episodios de posibles maltratos

Por supuestos maltratos un niño de 10 años falleció en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, caso que permanece bajo investigación del Ministerio Público.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado de forma oficial la causa de la muerte, aunque medios de prensa dan cuenta de un suicidio, por lo que la situación activó medidas de protección para sus hermanos y reavivó las alertas sobre la respuesta estatal ante posibles casos de maltrato infantil.

El Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias para determinar qué ocurrió con el menor. Los comunicados institucionales se han referido al hecho como un “fallecimiento”, sin aportar detalles sobre circunstancias personales, métodos o motivaciones.

La cautela responde a que el proceso penal sigue en curso y no existen conclusiones oficiales que permitan establecer responsabilidades.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), organismo estatal panameño de protección de la infancia, activó sus protocolos de atención tras conocer el caso y dispuso que los hermanos del niño quedaran bajo el cuidado de un familiar.

El diario Critica informó que los residentes del barrio La Inmaculada, en Pedasí, conocían las situaciones de maltrato que habría atravesado el niño junto con sus hermanos también menores de edad.

La publicación describió una infancia atravesada por el abandono y por condiciones de extrema vulnerabilidad dentro del entorno familiar.

Entre los relatos recogidos, Crítica señaló que algunos de los menores habrían pasado noches en un cementerio cercano a la vivienda de su abuela, detalle que los vecinos incluyeron en sus explicaciones sobre esa situación.

El diario también reconstruyó las últimas horas del menor a partir del testimonio de personas de la comunidad. Una moradora relató que la pareja actual de la madre encontró al niño y pidió ayuda a la Policía, al centro de salud y a otras instituciones. Pese a esos llamados, el menor murió.

Ese testimonio forma parte de la información publicada, pero no reemplaza la investigación de las autoridades. La determinación de las circunstancias y de eventuales responsabilidades corresponde al Ministerio Público.

La abogada Suky Yard afirmó a TVN que presentará querellas para establecer si funcionarios públicos omitieron acciones que debían adoptar ante las alertas relacionadas con los menores.

“¿Qué ocurrió? ¿Por qué no se tomó automáticamente la acción de trasladar el expediente hacia la provincia de Colón?”, se preguntó.

La jurista vinculó esa inquietud con la información que, según indicó, recibió acerca de la permanencia de los niños con su abuela paterna.

Yard sostuvo ante la televisora que habría existido un proceso de investigación por presuntas situaciones de vulneración y maltrato, y mencionó la existencia de una posible denuncia ciudadana ante una personería.

La verificación de esos antecedentes será parte de las actuaciones que correspondan a las autoridades. No se han difundido conclusiones oficiales sobre el alcance de expedientes previos ni sobre la respuesta que habrían dado los organismos involucrados.

Mientras, la Senniaf llamó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no compartir audios, fotos ni videos vinculados con el niño fallecido. El pedido apunta, de acuerdo a la entidad, a evitar nuevas vulneraciones de derechos y a preservar la intimidad de su familia.

La institución recordó que la Ley 285 de 2022 establece obligaciones para proteger a niños, niñas y adolescentes, incluso frente a la circulación de contenidos mediáticos que puedan exponerlos o afectar su dignidad.

El caso volvió a colocar en discusión la capacidad institucional de detectar situaciones de violencia antes de que deriven en consecuencias irreparables. La investigación deberá determinar si existieron alertas previas, qué medidas se adoptaron y si los mecanismos de protección funcionaron como correspondía.