Quién decidirá el control efectivo del Estado en Nicaragua cuando falten Daniel Ortega y Rosario Murillo

El Ejército de Nicaragua ya tomó partido en el debate sobre quién gobernará el país cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo ya no estén: al respaldar las reformas constitucionales que eliminan la base electoral de la autoridad civil, la institución armada se convirtió en el árbitro inevitable de cualquier sucesión futura, según un análisis publicado el 8 de septiembre en War on the Rocks, portal especializado en seguridad y estrategia y retomado por el diario nicaragüense La Prensa.

El 29 de julio, el general Julio César Avilés se presentó ante la Asamblea Nacional para apoyar los cambios constitucionales impulsados por la cúpula gobernante.

Habló en nombre del mando General, el Consejo Militar y las fuerzas terrestres, navales, aéreas y de reserva. Fue la primera institución convocada por los diputados para pronunciarse sobre las reformas, según informó La Prensa.

El giro es notable: en 2021, Avilés había asegurado públicamente que el Ejército respetaría el voto de los nicaragüenses. Esta vez, el jefe militar avaló un modelo que extiende a siete años los períodos de los cargos electos, faculta al Consejo Supremo Electoral para cancelar partidos que reciban fondos extranjeros o promuevan sanciones contra Nicaragua, e incorpora un artículo que declara sin validez cualquier resolución extranjera dentro del territorio nacional.

La reforma que cambia la ecuación de poder

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, el 1 de septiembre, los ocho artículos modificados en una sesión especial celebrada en León. La votación fue la primera de las dos legislaturas que exige la Constitución nicaragüense; la segunda está prevista para el 18 de enero de 2027, según confirmó Murillo. Reuters informó que la reforma también extiende los mandatos de los jefes del Ejército y la Policía al mismo plazo de siete años.

El texto tiene una consecuencia directa sobre el propio Avilés: su período, que ya había sido extendido hasta febrero de 2031 por las reformas al Código Militar de 2025, se ampliaría un año más.

Eso lo dejaría al frente de la institución durante 22 años consecutivos, de acuerdo con el análisis de War on the Rocks.

Para Orlando J. Pérez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad del Norte de Texas en Dallas, y para Randy Pestana, subdirector del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Florida International University, citados por La Prensa, el respaldo militar va mucho más allá del texto legal.

El Ejército, sostienen ambos académicos en el portal, pasó de proteger un proceso electoral bajo el argumento de su subordinación a la autoridad civil, a avalar modificaciones que reducen la competencia electoral. Al hacerlo, eliminó la base de legitimidad a la que constitucionalmente está subordinado.

Quién manda después de Ortega

La Constitución reformada establece que, si uno de los copresidentes muere, el otro asumirá la Presidencia por el resto del período. Eso haría de Murillo la sucesora legal de Ortega. Pero Pérez y Pestana plantean la pregunta que esa fórmula no responde: ¿mantendría el Ejército su obediencia a Murillo una vez desaparecido Ortega?

La relación entre Ortega y la institución armada se construyó durante décadas. Murillo, en cambio, ejerció control directo sobre la Policía, no sobre el Ejército. Las reformas de 2025 la colocaron formalmente en la cadena de mando militar, pero no existe certeza sobre cómo respondería la institución ante una transición real.

El análisis publicado en War on the Rocks subraya que ninguna otra institución tiene capacidad comparable a la del Ejército para mantener funcionando al Estado. La oposición organizada está en el exilio. No hay fuerzas militares alternativas. Quien pretenda suceder a Ortega y Murillo necesitará, “de una u otra manera, el consentimiento de los militares”, según Pérez y Pestana.

El peso económico detrás de la lealtad

La posición del Ejército no se explica solo por razones políticas. El Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), creado para administrar el fondo de pensiones de los oficiales, se transformó con los años en un conglomerado empresarial con inversiones en construcción, comercio minorista, industria farmacéutica, educación superior e inmuebles.

Pérez y Pestana señalan a La Prensa que desde 1995 ningún jefe del Ejército ha publicado una auditoría de ese fondo. Esa opacidad convierte cualquier transición política en un asunto con consecuencias económicas directas para los oficiales y sus ingresos de retiro.

La desconfianza que va en ambas direcciones

El respaldo del Ejército a Ortega y Murillo no implica confianza plena en sentido inverso. Las reformas al Código Militar de marzo de 2025 otorgaron a la Presidencia el poder explícito de nombrar y destituir al comandante en jefe. Dos meses después, fueron detenidos el general retirado Álvaro Baltodano y el capitán retirado Aníbal Rivas Reed.

La desconfianza alcanza también a los mandos intermedios. Avilés encabeza el Ejército desde 2010 y otros integrantes de la cúpula militar acumulan años en sus cargos. Pérez y Pestana describen el fenómeno como un “tapón institucional”: una estructura que bloquea el ascenso de oficiales que podrían ocupar los principales puestos de mando y que, por eso, no tienen lealtades propias consolidadas.

Los casos de Roberto Samcam y Víctor Boitano ilustran los riesgos concretos. Samcam fue asesinado en Costa Rica en 2025; Boitano fue detenido en Managua en 2024. Ambos son citados en el análisis como ejemplos de lo que enfrenta un militar retirado que cuestiona al régimen.

Por qué Nicaragua no es Venezuela

Pérez descarta que Nicaragua pueda reproducir el esquema venezolano, donde Nicolás Maduro fue desplazado y reemplazado por Delcy Rodríguez.

Las diferencias estructurales son determinantes: Venezuela tiene petróleo, un cuerpo militar mucho más numeroso y dividido en distintas facciones, una sucesora constitucional ya en funciones y un período de preparación de Estados Unidos para una eventual operación.

Nicaragua no tiene ninguno de esos elementos. El Ejército cuenta con unos 14,500 integrantes, mantiene un mando unificado y no existe otra fuerza militar capaz de disputarle el control del país, según el análisis. Eso hace que el escenario nicaragüense tenga una lógica propia.

El triángulo Washington, Moscú y Beijing

La cooperación militar formal entre Estados Unidos y Nicaragua terminó hace años, pero los contactos entre oficiales de ambos países continúan en foros internacionales. En marzo de 2026, militares nicaragüenses participaron en una reunión en Lima junto con delegaciones de otros países, incluida la estadounidense, de acuerdo con La Prensa.

Pérez y Pestana consideran que Washington no busca otorgar legitimidad al mando militar actual, pero que mantener canales de comunicación puede ser relevante ante una eventual transición.

Al mismo tiempo, Nicaragua profundizó sus vínculos con Rusia y China. Avilés visitó Moscú y Beijing en 2025, y luego se ratificó un acuerdo de cooperación militar con Rusia que incluye entrenamiento, intercambio de inteligencia y cooperación en guerra electrónica.

La pregunta que el análisis deja abierta es si el Ejército optará por mantener esa dependencia o buscará una nueva relación con Estados Unidos y el sistema hemisférico cuando llegue el momento de negociar su propio futuro.

La sucesión de Ortega y Murillo puede estar prevista en la Constitución. El control efectivo del Estado después de ellos, puntualizan Pérez y Pestana, dependerá del Ejército de Nicaragua, una institución que ya comenzó a definir su posición.