
El cierre de Cobre Panamá no podría compensarse de forma rápida con actividades como el turismo o la manufactura, según un estudio entregado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) a la Comisión Interministerial.
El informe calcula que cada sector necesitaría décadas para absorber, por sí solo, el aporte minero correspondiente a un año.
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La investigación titulada Repercusiones socioeconómicas del cierre de operaciones de Cobre Panamá fue elaborada por la Unidad de Análisis Económico del CONEP. El organismo puso el documento a disposición de la Comisión para que sirva de apoyo en su evaluación sobre el futuro de la operación.
El Cuadro 43 del estudio estima que el turismo requeriría 114,8 años para igualar el producto minero de un solo año. La manufactura necesitaría 86,4 años, de acuerdo con las proyecciones incluidas en el documento.
El comercio, la construcción y el transporte podrían alcanzar esa sustitución en menos tiempo.

No obstante, el análisis advierte que esas actividades forman parte de la cadena de valor vinculada a Cobre Panamá, por lo que no pueden considerarse alternativas independientes de la mina.
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El estudio distribuye sus resultados en 17 grupos de impacto. El documento revisa las consecuencias del cese de operaciones sobre el crecimiento económico, el empleo, los proveedores locales, las finanzas públicas, las exportaciones y el seguimiento ambiental.
El análisis también distingue entre los efectos a escala nacional y los que recaen sobre las provincias. Esa diferenciación incluye la situación de los habitantes de la zona próxima a la mina y la de quienes viven fuera de esa región.
Entre las propuestas presentadas figura una auditoría ambiental internacional de carácter permanente. El planteamiento prevé la participación equitativa de los grupos de interés en la difusión inicial de los resultados de los informes correspondientes.
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La Comisión Interministerial señaló que esa recomendación coincide con los compromisos de acceso a la información y participación pública asumidos por Panamá a través del Acuerdo de Escazú. Ese tratado fue incorporado al ordenamiento nacional mediante la Ley 125 de 2020.

El organismo valoró el aporte técnico del CONEP y consideró que la investigación representa el análisis más amplio realizado hasta ahora sobre las consecuencias económicas y sociales del cierre abrupto de la mina de cobre.
Para la Comisión, el principal aporte del documento consiste en dimensionar el peso de la actividad minera en la vida de la población panameña. La evaluación busca establecer diferencias entre las repercusiones directas en el entorno de la operación y los efectos que alcanzan al resto del país.
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Los estudios entregados integrarán el material de respaldo con el que los ministros elaborarán recomendaciones. El objetivo será identificar las opciones que consideren más viables para el futuro de los panameños.
Antes de la próxima reunión de seguimiento, la Comisión realizará una revisión previa de los hallazgos. En ese encuentro participarán los tres ministros, el directorio del CONEP y los especialistas responsables de elaborar la investigación.
La Comisión Interministerial aclaró que no ha adoptado una decisión sobre el futuro de la operación. Su mandato se limita al análisis de la información disponible y a la formulación de recomendaciones para el presidente de la República.
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La entrega formal estuvo encabezada por el presidente del CONEP, Raúl Joaquín Montenegro Vallarino. También participaron Tony Fletcher y Severo Sousa, ambos expresidentes de la organización, además de la economista Fanny Salmunido y la directora ejecutiva Analisa Montenegro.
Por parte del Estado recibieron el informe el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino Bernat, la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, la jefa de gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas, María Cristina Vilá de Van Hoorde, y la jefa de gabinete del Ministerio de Comercio e Industrias, Deidamia Batista.
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